El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa), Enrique Vidal, ha encargado a los servicios jurídicos de la empresa pública un informe sobre las posibles responsabilidades que se pueden derivar por la firma de un contrato de uso de las instalaciones por un precio que no se ajustó a ninguna tarifa vigente.
Esta solicitud se realiza tras conocer el caso del mitin del Partido Popular celebrado en el L'Àgora el 21 de mayo de 2014 en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Así, según informó Radio Valencia, el Consell de Alberto Fabra sólo cobró 5.000 euros al PP cuando el alquiler de este espacio, según las tarifas aprobadas por el consejo de administración de Cacsa, ascendía a 25.000 euros.
Esta situación, según el director general de Cacsa, “puede haber supuesto un quebranto económico para la empresa pública y por tanto hay que establecer las responsabilidades de este posible perjuicio que ha sido asumido y pagado por todos los valencianos”.
Vidal ha mostrado su preocupación “por si la tarifa no correctamente aplicada al PP en aquel mitin tiene una consecuencia jurídica vinculada a la Ley Electoral, ya que cualquier donación efectuada a un partido político durante la campaña electoral está sujeta a un estricto control legal”.
La dirección de Cacsa esperará al informe jurídico solicitado para posicionarse sobre este hecho así como para la exigencia de las responsabilidades por el posible quebranto generado por la aplicación irregular de las tarifas.