El 2024 arranca para el PP valenciano con la vista puesta en el juicio del 'caso Erial', la supuesta trama corrupta liderada por el expresidente autonómico y exministro Eduardo Zaplana. Cada inicio de año, desde el pasado 2023, se ha convertido en un auténtico calvario para los populares valencianos ante el desfile de excargos en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El juicio de 'Erial', que se celebrará a partir de febrero durante 40 sesiones a lo largo de cuatro meses ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, también contará con otro expresidente en el banquillo de los acusados: José Luis Olivas, sucesor de Francisco Camps en el Palau de la Generalitat.
Casi una veintena de personas serán juzgadas por la presunta trama de corrupción, con el protagonismo indiscutible de Eduardo Zaplana, padre de la antigua corriente política en la que se crió el actual presidente valenciano, Carlos Mazón. La Fiscalía Anticorrupción, que solicita una pena de 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros para el expolítico del PP, considera que la presunta red movió 20,6 millones en varios paraísos fiscales provenientes de mordidas.
En el banquillo también se sientan los empresarios Vicente y José Cotino; el presunto testaferro Joaquín Barceló Pachano; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, o el que fuera jefe de gabinete del expresidente valenciano, Juan Francisco García, entre otros acusados.
Para los acusados, Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los ocho y los 14 años de prisión. Para José Luis Olivas, ya condenado en una derivada del 'caso Erial', el Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión.
A partir de enero, se sientan en el banquillo Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Rita Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011. En el banquillo de los acusados, estarán acompañados por José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento.
El juicio se limita a la financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2011, aunque la pieza A del 'caso Taula' incluyó hasta medio centenar de investigados del equipo de Rita Barberá, entre asesores y concejales, por el presunto 'pitufeo' en la campaña de 2015.
Un polémico auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri, tumbó el grueso de la causa. Grau ya fue condenado por cohecho y es uno de los principales investigados del 'caso Azud'.
Otra causa que afecta al PP, lista para ir a juicio, está pendiente de señalamiento. Se trata del juicio contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de prisión para el expolítico del PP y 18 millones de euros de multa para el “grupo familiar” que manejó una supuesta trama de blanqueo de capitales.
El nuevo también arranca, en el terreno judicial, con la sentencia de la Audiencia Nacional pendiente para Francisco Camps tras el maratoniano juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', relativa a los contratos menores de la trama con la Generalitat Valenciana. Anticorrupción rebajó la petición de pena para el expresidente popular a un año de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa (también le pide una multa de 250.000 euros e inhabilitación para cargo público de seis años).
Además, hay varias instrucciones que continúan su curso este 2024. Se trata del 'caso Azud', del que se encarga la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, en el que figuran investigados, además de Alfonso Grau, el cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín y el expolítico socialista Rafael Rubio, recientemente absuelto tras el juicio de la pieza separada del 'caso Taula' relativa a la contratación de trabajadores 'zombis' en una empresa pública de la Diputación de València.
El 'caso Azud', de una enorme complejidad, sigue su curso con hasta seis piezas separadas, entre ellas una que afecta de lleno a la presunta financiación en B del PSPV-PSOE.
Por otro lado, la investigación que afecta a la ex vicepresidenta Mónica Oltra, de la que se encarga el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, se alargará durante este 2024, a pesar de que encaraba su recta final, tras la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València de aceptar las diligencias solicitadas por las dos acusaciones populares de la extrema derecha.