La investigación del denominado caso Imelsa, que en un principio afectaba a quien fuera presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y sus colaboradores más estrechos, ha ido ampliando el foco y se ha llevado por delante al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y toda la cúpula del partido en la ciudad; ha puesto contra las cuerdas a la exalcaldesa Rita Barberá (hoy senadora) y amenaza con desvelar el entramado completo de la financiación irregular del PP valenciano.
Donde no ha llegado hasta ahora la investigación judicial del caso Gürtel puede llegar la de este asunto, que según la cadena SER, ya apunta directamente al expresidente Francisco Camps, supuesto centro de un sistema financiación mediante cajas B a las que irían a parar fondos procedentes del cobro de comisiones ilegales.
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como consecuencia de la investigación abierta por el juzgado número 18 de Valencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han tirado, para desenredar esa madeja, de un hilo inicial que les ofreció el material aportado en julio de 2014 por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo. En su denuncia, la diputada aportó más de 10 horas de conversaciones grabadas por quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, que habían llegado a sus manos. Al menos en una de ellas se aludía a Camps.
Es una conversación de octubre de 2005, -cuando Benavent era el hombre de confianza de Alfonso Rus en Xàtiva, ciudad de la que era alcalde-, entre él mismo y Máximo Caturla. Uno acabaría siendo gerente de Imelsa y el otro vicepresidente de la Diputación al llegar Rus en 2007 a la presidencia de la Corporación provincial. Benavent y Caturla hablan en esa grabación de “negociar con Paco” para extender sus actividades en el cobro de comisiones a “las consejerías, secretarios generales, directores generales, gerentes de empresas...”. Si lo consiguen, comentan Benavent y Caturla, seguirán “triunfando”.
En otros fragmentos de las grabaciones, los dos aluden a contactos con Gerardo Camps y Víctor Campos, que llegaron a ser vicepresidentes en el Consell presidido por Camps (el primero es hoy diputado en el Congreso y Campos está fuera de la política, tras ser condenado en el caso de los trajes, en el que el propio Camps fue absuelto). Caturla era entonces consejero delegado de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios registrada por los agentes durante la Operación Taula, una empresa de la Generalitat considerada uno de los focos de corrupción. Él y Benavent señalan en las grabaciones que han de “informar” a Rus de sus contactos con miembros del Consell.
Tras aquellas grabaciones iniciales, una vez Benavent optó por colaborar en la investigación, se han aportado muchas más a una causa que empieza a iluminar a unos personajes y unos comportamientos apenas vislumbrados en el caso Gürtel.