Aerocás, la entidad concesionaria del Aeropuerto de Castellón, suscribió el pasado 1 de octubre un contrato con la empresa IV Ingenieros Consultores SA por un periodo de cuatro meses por el que abona 1.000 euros diarios por la realización de documentos técnicos y revisión periódica de las instalaciones, inauguradas en 2011.
Según este contrato, al que ha tenido acceso Compromís, Aerocas, que preside Patricia Llopis, contrata este servicio externo de ingeniería por 30.000 euros al mes. Por este motivo, el diputado de Compromís Josep Maria Pañella criticaba que se externalice este servicio cuando la empresa tiene en su plantilla trabajadores, “en teoría técnicos y muy bien remunerados”.
Pañella explicaba que IV Ingenieros Consultores SA ha sido beneficiaria desde el 23 de septiembre de 2003 de un contrato de asistencia técnica, “y sólo entre 2006 y mayo de 2013 se le han abonado 11 millones cuando Aerocas dispone de personal contratado en esta área”.
Por su parte, la también diputada autonómica Mònica Oltra ha denunciado esta contratación que se ha ido prorrogando “de forma sistemática mes a mes”, así como que IV Ingenieros Consultores es una de las empresas que formaban la UTE a la que Carlos Fabra adjudicó el mencionado plan de viabilidad del Aeropuerto en 1998.
La otra empresa que formó parte de aquella Unión Temporal de Empresas era Ingeniería de Castellón SA, cuyo administrador único es, según indican desde Compromís, Rafael Llopis, “marido de la exsenadora del PP por Castellón Carmen Pardo y padre de la actual directora de Aerocas, Patricia Llopis”.
Por último, explican que en 2012 IV Ingenieros Consultores SA facturó al Aeropuerto un millón de euros y hasta mayo de 2013 había facturado 338.000 euros por un contrato de asistencia técnica por la dirección de la obra.
Aerocas aprobaba la licitación del contrato de gestión y explotación del Aeropuerto de Castellón, el más absurdamente famoso de España, el pasado mes de octubre, después de que el Consell autorizara la explotación por 20 años con un canon máximo de 25 millones de euros a abonar en los primeros diez años del contrato. La infraestructura debe recibir 360.000 viajeros al año para no tener que pagar canon alguno a la concesionaria.