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Los bomberos del parque de Segorbe denuncian que la Diputación de Castellón les espía con videocámaras

Videocámara instalada en la comida/comedor del parque de bomberos de Segorbe

Roger Lorgeoux

Los bomberos de Segorbe denuncian que la Diputación de Castellón, gobernada por el Partido Popular, ha instalado de manera irregular ocho videocámaras de vigilancia en el parque, sin que cumplan la finalidad que contempla el Registro General de Protección de Datos. Aunque el Consorcio Provincial también ha colocado dispositivos de control en los centros de Oropesa y Benicarló, los ubicados en el inmueble de la localidad del Alto Palancia presentan ostensibles diferencias respecto al emplazamiento en las citadas instalaciones.

Siete de los aparatos se encuentran en el interior del recinto, localizándose cinco de ellos en zonas sensibles para el personal, compuesto por 31 profesionales. Las áreas conflictivas son: pasillo que comunica el vestuario con el gimnasio; piso superior que da acceso a los dormitorios; cocina/comedor; almacén de combustible, con enfoque al vestuario donde los funcionarios se equipan con el traje de intervención; y la sala de comunicación en la que hay un trabajador las 24 horas del día.

Únicamente un mecanismo aparece en el exterior del parque pese a que el Registro General de Datos del Consorcio Provincial de Bomberos recalca que el objetivo de cualquier sistema de videocámaras “es la vigilancia de la seguridad y control de edificios”, según advierte Comisiones Obreras (CCOO) en el escrito que presentó el 2 de junio por registro de la diputación alertando de las irregularidades cometidas con la aplicación de la medida. En este sentido, el sindicato explica que también se vulnera lo dispuesto en el Decreto 84/2013 y relacionado con el acceso a inmuebles públicos.

Los bomberos sospechan que la colocación de los dispotivos es la consecuencia de un escrito que presentaron el 14 de marzo, advirtiendo de la existencia de anomalías en la gestión del centro. No obstante, según aseguran, nadie les ha comunicado ni consultado sobre la instalación de los mismos. Tampoco ha habido una reunión con los representantes de los trabajadores para explicarles los motivos de la decisión. Por ello, según puntualizan en su denuncia, se comete una ilegalidad, que argumentan mediante jurisprudencias del Tribunal Supremo (13/05/14) y del Tribunal Constitucional (11/02/2013). “Para poder proceder a la captación de imágenes es necesario informar de forma previa, precisa y clara de las grabaciones y su contenido. Ha de ser información expresa e inequívoca de la finalidad de control de la actividad laboral a la que la captación de imágenes está dirigida”, indican.

CCOO ha pedido al Consorcio Provincial de Bomberos, presidido por el disputado Luis Rubio, que informe desde cuándo están operativas las videocámaras, quién ha tomado la decisión de su emplazamiento y qué personas tienen acceso al contenido de las grabaciones.

Cabe recordar que Luis Rubio lleva varias semanas en el ojo del huracán. Primero, por ocultar la adquisición de cuatro todoterrenos de gama alta para cargos del Consorcio por un importe que prácticamente duplicó la compra de otros tantos vehículos de extinción de incendios y de una calidad inferior. Más recientemente en el tiempo, por la investigación de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por Castelló en Moviment en relación al caso de la empresa mixta Pellets Villahermosa.

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