La Comisión Europea (CE) ha evitado valorar el abono del proyecto de almacén subterráneo de gas Castor en Vinaròs, paralizado por el Ministerio de Industria en septiembre del año pasado tras los seísmos detectados en la zona en la que se encuentra.
“La Comisión no ha participado en los acuerdos contractuales entre el Estado español y el promotor del proyecto y no está en condiciones de hacer comentarios sobre la incidencia presupuestaria que podría tener para España la cláusula mencionada en la pregunta”, indicó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Jyrki Katainen.
El comisario, quien añadió que el proyecto “no ha recibido ninguna contribución del presupuesto de la Unión Europea”, respondió así a una pregunta parlamentaria del antiguo eurodiputado de los Verdes Raül Romeva, que formuló la cuestión en la anterior legislatura de la Eurocámara.
En concreto, Romeva se interesó por la opinión de la CE sobre “la socialización de una deuda que tiene origen en un proyecto privado” y por si la Comisión iba a tomar medidas “para evitar que los ciudadanos acaben pagando esta deuda”. Se refería así a la renuncia de la propietaria del proyecto, la sociedad Escal UGS, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %.
Escal había adelantado su decisión de renunciar al almacén de gas el pasado 25 de junio, momento en el que inició el proceso para obtener las autorizaciones previas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financia parte de la inversión, y de la asamblea de titulares de los bonos.
Romeva aludía en su pregunta a una cláusula en el contrato de Escal UGS con el Gobierno español sobre el almacén, en la que “se recoge una indemnización por el valor residual del activo en caso de negligencia o dolo por parte de la empresa”, y añadía, “con el mantenimiento de la cláusula el Gobierno deberá indemnizar a la concesionaria en caso de que cierre”.
El Gobierno cifró en cerca de 1.700 millones de euros el valor de Castor, consistente en una retribución reconocida de 1.273 millones por desarrollar esa actividad, 186 millones por la inyección de gas colchón y 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.