Un centro de salud sin construir, opacidad y un coste de 1.400 millones: el demoledor informe que aconseja desprivatizar el hospital de Dénia

La paralización de los trámites para recuperar la gestión pública del hospital de Dènia iniciados a principios de año por el anterior Gobierno del Botánico ha sido una de las primeras decisiones que ha tomado el nuevo ejecutivo del PP y de Vox presidido por Carlos Mazón.

Como ya comentó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez (PP), tanto la reversión pública de este departamento como del de Manises, cuyas concesiones están en su último año de vigencia, quedan a expensas de una auditoría que se ha encargado sobre la situación y funcionamiento de los diferentes departamentos de salud.

Sin embargo, un informe de principios del presente año elaborado por la propia Conselleria de Sanidad afirma que la reversión del contrato de concesión administrativa del hospital de Dénia “ha de ser valorado positivamente” al no incidir “en modo significativo en el mantenimiento de los principios de estabilidad presupuestaria”.

El contundente documento, necesario para justificar que este proceso no generará un desequilibro en las cuentas públicas, desmonta una por una todas las supuestas bondades del sistema indirecto y pone de relieve la opacidad y los incumplimientos de la concesionaria, Marina Salud, empresa dependiente de Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del que fuera senador del PP Fernando de Rosa, en una reunión celebrada este jueves.

Según el documento, Marina Salud ha obtenido unos ingresos iniciales de la conselleria de 1.600 millones de euros - precio inicial del contrato- entre 2009 y 2022. La cápita (lo que paga la conselleria a la empresa por habitante) establecida para el inicio de la concesión de Dénia se fijó, siguiendo la fórmula de actualización mencionada, en 597,64 euros en el año 2009, siendo 932,19 euros para el año 2022, a 13 meses de la finalización, esto representa un incremento del 56% de la prima presupuestaria respecto de su inicio.

Además, de las liquidaciones anuales por las cuales se calcula la diferencia entre lo abonado por la conselleria y los servicios prestados por la empresa se desprende un saldo favorable a la administración de 113 millones de euros. En concreto, según las liquidaciones aprobadas, a las que se restan los expedientes de enriquecimiento injusto, el saldo neto a favor de la Administración asciende a 61,9 millones de euros en el periodo 2009-2016 y se estima que la empresa adeuda 51,2 millones de euros de las liquidaciones no resueltas de las anualidades 2017 a 2020. A fecha de realización del informe faltan por evaluar las liquidaciones de los tres últimos años.

Según el documento, “actualmente el coste de la atención sanitaria en el Departamento de Salud de Dénia se contabiliza en el Capítulo II 'Gastos de Funcionamiento', la reversión del departamento y la consecuente subrogación del personal que presta sus servicios, no conlleva incremento de gasto para la Generalitat –Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública- dado que el incremento del gasto del Capítulo I 'Gastos de Personal' se compensará con una disminución del gasto en el Capítulo II 'Gastos de Funcionamiento'”.

Por todo ello, se concluye que “la reversión del contrato de concesión administrativa, ha de ser valorada positivamente en orden a que la misma no va a incidir en modo significativo en el mantenimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sino que va a suponer una mayor concreción de detalle, su impacto neutro en aquellos, garantizando por una parte el mantenimiento de los puestos de trabajo y por otra, la mejora de la plantilla de personal estatutario que gradualmente sustituirá a la plantilla de régimen laboral común”.

El informe recoge el plan de inversiones de Marina Salud, donde se indica que “la construcción del nuevo Centro de Salud en Dénia no ha sido llevada a cabo todavía, ya que no se tiene constancia por parte de Marina Salud de la cesión por parte del Ayuntamiento a la Conselleria de Sanidad de ningún terreno para la ubicación del mismo”, según Sanidad. 

El informe apunta a la opacidad de la empresa con los datos. Además de los indicadores de calidad sanitaria, que son menores que en los centros públicos según destacan los técnicos, señala que no se ha facilitado el equipo del que disponen, solo el montante total. “La empresa no ha dispuesto de un inventario de activos que permita identificar individualmente los equipos”, recoge el texto. Entre 2009 y 2021, según las cuentas anuales de Marina Salud (empresa adquirida por Ribera Salud), el gasto en personal se ha duplicado, ha pasado de 32 millones de euros a 63.

El informe advierte de que en caso de activarse la prórroga se podría incurrir en el pago a Marina Salud de las infraestructuras ya amortizadas: “siendo que el precio del contrato -elemento esencial- no puede ser alterado, en el supuesto de prórroga de este servicio se estaría -abonando dentro de la prima per cápita- por la construcción de un hospital e inversiones ya amortizadas, resultaría necesario calcular una nueva cápita para evitar así un beneficio extraordinario para el concesionario, vulnerando por tanto, los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Por último, añade que “debido a las deficiencias contractuales y diferentes acuerdos interpretativos, que han propiciado el abono de ciertos conceptos económicos fuera del procedimiento regulado en el propio pliego -liquidación-, y por ende del precio del contrato, las concesionarias han obtenido ingresos adicionales por Expedientes de Enriquecimiento Injusto, que suponen, otra vulneración de los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.