El juez Francisco de Asís Silla Sanchis, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia y responsable del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, ha dado un severo varapalo a la Policía tras el suicidio en una celda de aislamiento del ciudadano de origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años, el pasado 15 de julio. El magistrado, en un auto del pasado 25 de julio al que ha tenido acceso eldiario.es, impone al director del CIE de Zapadores 16 medidas “a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad”. La vida de los internos, recuerda el auto, “se encuentra bajo la custodia del Estado y, por tanto, bajo su responsabilidad”.
Las medidas, explica el juez tras realizar múltiples “visitas ordinarias y extraordinarias” como consecuencia del suicidio, deben aplicarse aunque entren “directamente en colisión” con las instrucciones de la Comisaría General de Extranjeros y Fronteras. El auto pide que se apliquen los cambios incluso si entran “en contradicción con las instrucciones jerárquicas recibidas” o rebasan “la dotación de su plantilla”. Los responsables del centro de internamiento, apunta el magistrado, deberán realizar un análisis de las instalaciones y practicar las actuaciones necesarias “para tratar de impedir en la medida de lo posible” los intentos de suicidio.
El juez encargado del control del CIE también recrimina a la Policía que le haya ocultado información. “Se están observando comunicaciones del CIE de incidentes, incluso huelgas de hambre, que se dice que se han remitido a este Juzgado y que no han sido recibidos, cuestión a todas luces importante, pues este órgano jurisdiccional carece de un conocimiento de un asunto que debe tener de forma puntual y rápida”, indica el auto.
Las medidas que ordena el Juzgado responsable del control del CIE contradicen gran parte de la actuación de los responsables del recinto que optaron por aislar al joven de 23 años agredido el día anterior por otros internos. “El propósito era que el interno permaneciera en esta habitación el tiempo mínimo imprescindible para que los policías de servicio distribuyeran al resto de internos en sus respectivas estancias”, apunta una respuesta parlamentaria del Gobierno que admite que no se activó el protocolo antisuicidios.
Un día antes del fallecimiento, el joven redactó un escrito al director del CIE, Carlos Llorca Ponce, en el que le advertía de la agresión que había sufrido. Esta comunicación, probaría, según la campaña CIEs NO, que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas que sufría el interno. “Su respuesta fue encerrarlo en una celda de aislamiento sin vigilancia y sin prestarle la atención que él mismo reclamaba”, denunció la plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Francisco de Asis Silla, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, destaca la “profesionalidad” de los policías encargados del CIE de Zapadores antes de darles el rapapolvo. El responsable del control judicial del CIE sostiene que siempre es “preferible, de ser posible, el aislamiento del agresor o agresores que de la víctima por el efecto emocional que puede tener sobre su persona”.
La dirección del CIE acordó aislar a Marouane Abouobaida “en una habitación individual, donde no pudiera ser víctima de un nuevo ataque”, dice el Gobierno en su respuesta parlamentaria que especifica que la intención de los agentes era que el joven permaneciera en esta “habitación” el tiempo “mínimo imprescindible para que los policías de servicio distribuyeran al resto de internos en sus respectivas estancias”.
El auto del juez obliga a los responsables del centro a aislar al interno “exclusivamente para la protección de su integridad” y siempre acompañado de otros dos internos y por el tiempo mínimo indispensable, como máximo una hora “improrrogable”. Marouane Abouobaida estuvo más de una hora en aislamiento, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de la instrucción del caso de la muerte del joven marroquí.
Los policías encargados del recinto deberán mantener un “control permanente a través de las cámaras internas” de la celda de aislamiento. El recurso al aislamiento debe ser una “situación excepcional” sólo para preservar la integridad de los internos, “resolver situaciones de grave seguridad para el centro” o “preservar la integridad de los funcionarios”. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia indica, en referencia a casos como el del joven fallecido, que el aislamiento de un interno “para preservar su integridad personal, por sufrir incidente con otro u otros internos, debe ser todavía más excepcional”.
El aislamiento deberá ser “motivado” y, además de comunicarse al Juzgado de Instrucción número 3, encargado del control del recinto, y al que acordó el internamiento del migrante, “debe comunicarse debidamente al interno aislado para que conozca la causa de su aislamiento” y que pueda presentar una queja. El juez impone también que haya siempre “un solo funcionario policial responsable de la vigilancia y control del aislado”.
Las medidas previstas por el magistrado obligan a los agentes del CIE de Zapadores a especificar la duración exacta del aislamiento, a adjuntar un informe de los servicios médicos y a identificar a los internos que deben acompañar al aislado así como al agente encargado de la vigilancia. El auto del juez obliga a los responsables del recinto a conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad durante un año.
Tras cada intento de suicidio, los servicios médicos del recinto policial deberán efectuar controles periódicos “sobre la evolución y situación física y emocional del interno”. En caso de altercados o agresiones, los responsables del recinto policial deberán enviar al Juzgado los exámenes médicos de los internos implicados.
El juez de vigilancia del CIE quiere tener un listado mensual de los internos que han sufrido el aislamiento así como la causa y la situación previa del interno. También pide que “se evite en la medida de lo posible que un interno permanezca, por la razón que sea, en espacios del centro en los que esté solo o fuera de la compañía de los demás internos” y que “cuando se observe a internos con una conducta extraña o de decaimiento, en especial en aquellos que han sufrido episodios de enfrentamiento, peleas o incidentes con otros internos o con los funcionarios del centro, se proceda siempre a su valoración médica por los servicios médicos del centro para ver si procede en cada ocasión activar el protocolo antisuicidios”.
El caso del joven fallecido que ha motivado el duro auto del juez responsable del control del CIE de Zapadores continúa su curso en dos juzgados distintos. El Juzgado de Instrucción número 20 investiga las lesiones producidas por la paliza mientras que el número 10 se encarga de la investigación del fallecimiento. Ambos casos, según fuentes cercanas a la investigación, están en fase de instrucción y se están practicando pruebas.