La diputada de las Corts Valencianes Beatriz Gascó, portavoz de educación del PP, cobró un año, entre junio de 2006 y julio de 2007, de la empresa pública Ciegsa sin llegar a trabajar allí. Gascó, que sería posteriormente directora general del departamento, estaba entonces en realidad en el gabinete de prensa de la Conselleria de Educación. Así lo revela un informe del gerente de la empresa incorporado a la investigación judicial sobre supuestas comisiones ilegales cobradas a través de Ciegsa que se lleva a cabo en una de las piezas separadas del caso Taula.
Contratada a través de una empresa de trabajo temporal por Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa), una sociedad pública que llegó a acumular 1.000 millones de deuda, Gascó “durante ese período, nunca tuvo adscrito despacho ni lugar de trabajo en la sede de la empresa, ni cuenta de correo corporativo a su nombre, ni figura en los listados de extensiones telefónicas de ese período”, señala el informe, que añade: “La persona que en estos momentos permanece en la empresa del departamento de Recursos Humanos no recuerda que la señora Gascó hubiese acudido al centro de trabajo de esta mercantil”.
El caso de Gascó no es el único de lo que se conoce como empleados “zombies” de Ciegsa, que el consejero delegado de entonces, Máximo Caturla, hoy imputado en el caso Taula, contrató en teoría para la empresa, pero que se dedicaban a otros menesteres. La hoy diputada del PP, una parlamentaria que se ha distinguido últimamente por la denuncia de supuestos casos de “adoctrinamiento” en los centros educativos valencianos, no solo cobró una nómina ese año en que fue trabajadora “zombi” de Ciegsa sino que al pedir la baja voluntaria recibió una indemnización a cuenta de los días de vacaciones que supuestamente no había disfrutado.
Gascó compareció el pasado 16 de octubre en la comisión de investigación de Ciegsa creada en las Corts Valencianes donde defendió que la empresa pública era “necesaria” por ser “la herramienta más ágil para construir colegios”.
Los partidos del Pacto del Botánico, PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, que sustentan al gobierno valenciano actual, desde el que se está ejecutando la liquidación de Ciegsa, acusaron entonces a Gascó de “mentir” y la consideraron “desacreditada” para ejercer como portavoz de Educación del PP.