Quien fuera el primer gerente de Construcciones e Infraestructuras Educactivas de la Generalitat, SA (Ciegsa), Javier García Lliberós, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación sobre esa empresa pública de la época del PP en las Corts Valencianes. Y ha dicho que se le eligió a finales de 2000 como un profesional “absolutamente independiente” por su currículo “de 30 años” en la promoción y construcción, que fue el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, quien lo hizo y que estuvo en el cargo hasta finales de 2003 o principios de 2004.
Ha tenido que ser la portavoz socialista en la comisión, la diputada Ana Barceló, quien le recordara que tal vez influyó en su nombramiemnto el hecho de que fuera entonces esposo de la consellera y portavoz de gobierno valenciano Alicia de Miguel; que si no tenía nada que ver con la política su nombramiento debió corresponder al conseller de Educación de entonces, Manuel Tarancón, y no a Zaplana, y que no es verdad que cesara como gerente a principios de 2004 porque no fue destituido hasta 2006.
García Lliberós, que ha recuperado la memoria sobre este último aspecto, tras reconocer que era el conseller Tarancón (ya fallecido) quien presidía Ciegsa, ha atribuido a “la disputa” entre los seguidores de Zaplana (que se había ido de ministro del Gobierno de José María Aznar) y los de Francisco Camps (elegido presidente de la Generalitat Valenciana en 2003) que lo apartaran de sus responsabilidades. “Me bajaron a otro despacho, en otro piso”, ha comentado, para justificar haber continuado formalmente como gerente hasta 2006 en que pensaba “que las cosas volverían a cambiar”.
“No puede estar dos años cobrando de gerente y esperando el finiquito”, le ha reprochado la diputada de Compromís Belén Bachero. García Lliberós ha respondido: “Creo que es un dato irrelevante”. Según él, habría cobrado más en la empresa privada.
Visto que García Lliberós se ha desentendido de cualquier cosa ocurrida en la dirección de la empresa a partir de 2004, los grupos de la oposición han insistido en preguntar quién ejercía las tareas de gerencia a partir de ese momento, algo de lo que el exgerente ha responsabilizado a Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa que habría asumido sus funciones de gerente sin ser nombrado como tal. Caturla, imputado en el caso Imelsa, es uno de los sospechosos de haber utilizado la empresa de construcción de centros educativos para cobrar mordidas.
Las diputadas de Podemos, Sandra Mínguez, y de Ciudadanos, Mercedes Ventura, han reclamado a García Lliberós, que ha sido el primer compareciente en pasar por la comisión, información sobre el funcionamiento de la empresa creada para construir colegios, cuyos sobrecostes centran las sospechas de la investigación judicial abierta dentro del caso Imelsa. Unos sobrecostes que, como ha recordado la parlamentaria de Compromís Belén Bachero, llegaron al 27% en el periodo de García Lliberós.
El gerente que resultó medio destituido ha defendido que Ciegsa se limitaba a ejecutar las obras de colegios e institutos que la Conselleria de Educación le encomendaba y ha atribuido los sobrecostes a “los reformados que acontencían” ante las nuevas necesidades educativas. “Si hubo en algún caso algunas desviaciones importantes fue debido a los cambios sustanciales en los proyectos”, ha añadido, para concluir que en aquel momento “Ciegsa se tuvo como un modelo en toda España”.