La portada de mañana
Acceder
La guerra entre PSOE y PP bloquea el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades
Un año en derrocar a Al Asad: el líder del asalto militar sirio detalla la operación
Opinión - Un tercio de los españoles no entienden lo que leen. Por Rosa María Artal

Gandia, primera ciudad valenciana en alegar contra la propuesta de nueva ley de ordenación de la costa de la Generalitat

Toni Cuquerella

28 de junio de 2024 10:12 h

0

Gandia será la primera ciudad que presentará alegaciones contra la ley de protección y ordenación de la costa valenciana (LOPC) presentada por la Generalitat de PP y Vox, actualmente en fase de consulta pública. “Queremos mostrar una profunda preocupación y clara oposición a la nueva propuesta de ley, que claramente tiene como objetivo derogar el PATIVEL, abriendo una nueva etapa de especulación territorial”, explicaba la primera teniente de Alcaldía y concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, acompañada del edil de Urbanismo, Vicent Mascarell y del director general de Medio natural, Daniel Muñoz.

“Queremos manifestar, con la presentación de estas alegaciones el rechazo del Ayuntamiento de Gandia para considerar que su aprobación generará unos efectos negativos para el conjunto de la sociedad valenciana, y en particular de nuestro litoral, poniendo en peligro tanto los ecosistemas costeros como la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades” añadía Izquierdo. Así apuntaba que “es fundamental priorizar la conservación del medio ambiente y la adaptación ante los efectos del cambio climático en cualquier legislación que trato de ordenar y gestionar nuestras costas. Ignorar estas realidades, tal y como lo hace esta propuesta es una negligencia que podría tener consecuencias desastrosas a medio plazo”.

Izquierdo ha recordado que la nueva ley actuaría sobre los terrenos que fueron protegidos íntegramente por el anterior Gobierno del Botánico mediante el PATIVEL, “un instrumento de ordenación referente que fue perseguido en los tribunales y del que salió reforzado hasta en 62 sentencias favorables que reforzaban su creación y defendían su legalidad. Permitir, de nuevo, la urbanización próxima a los enclaves naturales protegidos por el PATIVEL no solo amenaza su biodiversidad, sino que también ponga en peligro los éxitos logrados en términos de conservación y protección ambiental”.

Por su parte, el responsable de Urbanismo ha denunciado la “perversión del lenguaje” que está utilizando el Gobierno de Carlos Mazón en las diferentes acciones normativas propuestas: “Le llama ‘Ley de la Concordia’, a un ataque a los principios de la Memoria democrática; ley de libertad educativa, a los ataques a la enseñanza pública y en valenciano y, ahora, Ley de protección de la costa valenciana a un ataque considerable a nuestro literal proteger”. Es por esta razón, que el gobierno local aprobará en la Junta de Gobierno Local del lunes próximo las alegaciones, “con los objetivos de paralizar la propuesta de ley; concienciar de su peligro la ciudadanía y mantener la protección de nuestro litoral”.

Alegaciones presentadas

El director general de Medio natural ha hecho un resumen de los puntos más destacados. Así Daniel Muñoz ha recordado que a través del PATIVEL se protegieron aquellos ámbitos que presentaban otros valores o se encontraban en situación de riesgo o vulnerabilidad relevantes desde el punto de vista paisajístico, de riqueza agronómica, con presencia de elementos culturales o en funciones de preservación y sujeción del suelo. “No hay duda que el Proyecto de LOPC reactiva, claramente, las reclasificaciones urbanísticas y consecuentemente los procesos de nueva urbanización en el litoral valenciano, especialmente en unos suelos ya clasificados como suelos no urbanizables de especial protección del litoral (N1), preservados íntegramente por el PATIVEL”. En este sentido, ha alertado que más de 42 espacios protegidos podrían reclasificarse como urbanizables, entre ellos la playa de l'Auir.

El Ayuntamiento considera que este Proyecto de Ley vulnera, entre otras, la Resolución del Consejo de Europa sobre Protección de Zonas Costeras (1973), la Carta Europea del Litoral aprobada en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de la CEE (1981) o la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación de la Gestión Integral de las Zonas Costeras de Europa (2002). “Por otro lado, y a nivel estatal, no hay duda que el proyecto de LPOC se opone frontalmente en el Plan Director de Sostenibilidad para la Costa (2006), documento que incluye unas Directrices de actuación en Playas y unas Directrices generales de Borde Costero”.

Por lo que respecta al suelo objete de urbanización, el proyecto de LOPC pretende regular distintos criterios de urbanización entre ellos: las llamadas “Áreas de Reordenación”, que comprenden los espacios transformados por la acción urbanizadora, y los degradados por cualquier causa, de imposible o difícil renaturalización, que exigen acciones de reordenación, orientadas a no agraviar el deterioro, humanizar los espacios y renovar los elementos y su entorno. “Bien es verdad que este artículo crea falsas ilusiones y expectativas en favor de propietarios afectados por expedientes de delimitación. En primer lugar, no se necesita una ley autonómica para reconocer un derecho de inicio del que ya disponen los propietarios, a pesar de que con pocas garantías de prosperar, todo sea dicho”.

Destaca también lo que consideran una “ilegal supresión de la infraestructura verde del litoral al proyecto de LOPC”. Así explica que “la infraestructura verde se concibió como una red de conexión de espacios abiertos, que permitía recorrer toda la franja costera de la Comunitat Valenciana, desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, y que enlazaba todos los espacios litorales de mayor valor ambiental, territorial y cultural”. Por eso consideran que “el proyecto de LPOC de ninguna forma puede prescindir en su contenido de la identificación, reconocimiento y puesta en valor de la 'Vía Verde del Litoral' prevista en el PATIVEL”.

El director general de Medio natural asegura que se vulnera el principio de no regresión en materia medioambiental “en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento...”.