Compromís aporta a Anticorrupción los indicios de malversación por el vaciado de la cuenta del PP de la Diputación de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante tiene encima de la mesa dos denuncias de Compromís sobre presuntas irregularidades en las cuentas del Partido Popular de la Diputación de Alicante. El portavoz de la formación valencianista en la institución provincial, Gerard Fullana, ha registrado un escrito en el que pone en conocimiento del Ministerio Fiscal los indicios de un presunto delito de malversación de fondos públicos por el vaciado de la cuenta del grupo 'popular' coincidiendo con la dimisión de Ripoll, tal como desveló elDiario.es.

Los fondos de la Diputación para los grupos, recuerda Compromís en el escrito al que ha tenido acceso este diario, son finalistas y, por tanto, deben ser destinados a la actuación corporativa de cada grupo político. La coalición insiste en que no han podido acceder a la contabilidad de los grupos entre 2007 y 2015, a pesar de las reiteradas solicitudes y de la queja presentada ante el Síndic de Greuges, quien confirmó que la institución provincial “nunca solicitó contabilidad alguna” a los grupos en ese periodo.

La denuncia alude a los extractos bancarios publicados en este periódico y que muestran que la cuenta del grupo 'popular' en la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue vaciada coincidiendo con la dimisión de José Joaquín Ripoll de la presidencia de la Diputación de Alicante, asolado por casos de presunta corrupción. La cuenta del PP en la CAM tenía un saldo de 65.011 euros, que paso a ser de 31,99 euros tras el cobro de dos cheques en otras entidades bancarias.

Así, el primer cheque, por importe de 48.429,36 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter en Alicante. El segundo, por importe de 16.550,64 euros y con numeración correlativa al anterior, se ingresó en la oficina del BBVA de empresas en la rambla de Méndez Núñez, según se desprende de la documentación a la que tuvo acceso esta redacción. La dotación de 60.000 euros, reflejada en el extracto bancario de la cuenta de la CAM, estaba destinada a sufragar los gastos del grupo para cada ejercicio.

“Al no existir fiscalización alguna al respecto de esos fondos públicos por parte de la administración (...) resulta forzoso pensar que se pudiese realizar una actuación institucional, por importe exactamente coincidente al remanente obrarte en las cuentas del grupo, a excepción de los 31,99 euros que costaba cerrar la cuenta”, señala la denuncia de Compromís.

La formación sospecha que se ha producido un presunto delito de desviación de caudales públicos. “Que esos gastos supongan un importe exactamente igual a la totalidad de los fondos disponibles, que sean satisfechos justo un día antes de perder el control de dicha cuenta y que posteriormente se procediese a cerrar la cuenta, resulta tan extraordinario que induce a pensar que en realidad estos fondos no fueron destinados a pagar factura alguna del grupo del Partido Popular”, apostilla el la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

La segunda denuncia está vinculada a los ingresos realizados entre 2015 y 2018, por valor de 447.791 euros, durante la presidencia de César Sánchez. En la actual legislatura, Compromís ha intentado “por todas las vías legales” acceder a la contabilidad del grupo del PP, el único con representación en el hemiciclo que no ha detallado el uso finalista de su subvención pública. El actual presidente de la Diputación y exvicepresidente con José Joaquín Ripoll, Carlos Mazón lo ha impedido en sesiones plenarias con el apoyo de Ciudadanos. 

En esta denuncia, Compromís abre la vía penal por delito de falsedad documental cometida presuntamente por el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a quien el grupo valencianista acusa de falsear los certificados del destino finalista del dinero. 

En el caso que investiga el Tribunal de Cuentas, Compromís ha aportado al Ministerio Fiscal pruebas de una presunta falsedad documental de Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación. Los certificado que aportó, a juicio de Fullana, serían falsos: “Aportamos pruebas tipográficas de que se han modificado esos informes a posteriori y los informes de la gerente del PP, Yolanda Díaz, certificando justamente lo contrario”.

“A pesar de todas las amenazas y presiones del PP estas semanas, es nuestra obligación acudir a los tribunales, ya que no importa cuánto tiempo pase que el Partido Popular no cesa en su empeño de financiarse con recursos públicos, sin transparencia alguna por mucho que el señor Casado apunte a que los tiempos de Bárcenas son cosa del pasado”, afirma Fullana.