La gestión del Ingreso Mínimo Vital ha abierto un nuevo campo de batalla entre Compromís y el Gobierno central. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha propuesto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros, sea cogestionado por las Comunidades Autónomas. “Queremos que la conexión entre el IMV con las comunidades autónomas haga que las familias tengan el derecho a la inclusión garantizado, como dice la ley de Renta Valenciana de Inclusión”, señala Oltra.
La vicepresidenta ha declarado que una herramienta tan importante como pretende ser el IMV requiere de la coordinación y participación necesaria de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los servicios sociales. En este sentido, aduce Oltra, una prestación como el IMV o la Renta Valenciana de Inclusión, que ya se aplica en la Comunitat, “deben ir acompañadas de itinerarios de inclusión elaborados por los profesionales de servicios sociales”.
Oltra ha enviado dos cartas al ministro José Luis Escrivá. En una primera comunicación del pasado 19 de mayo, la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas planteó su “preocupación” por varios aspectos de la medida, que considera “magnífica”.
Tras descartar el Ministerio la formula de que el IMV se gestione como la dependencia (que el gobierno transfiera los fondos y las comunidades los gestionen en función de unos mínimos marcados por la Administración General del Estado), Oltra ha apostado por la suscripción de un convenio entre la Comunitat Valenciana y el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Ministerio para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión. “De manera que ambas prestaciones se tramiten de forma paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante”, apostilla.
En otra comunicación formal y por escrito con el ministro, remitida este miércoles tras recibir el borrador del Real Decreto, la vicepresidenta ha aportado “una serie de mejoras” al texto legal que eviten posibles duplicidades en la percepción de las prestaciones o en lo relativo a la conformidad para la cesión de datos entre administraciones.
La propuesta del Ministerio incluye que los efectos económicos de la prestación se apliquen al 1 de junio de 2020. Sin embargo, según ha advertido la vicepresidenta, el diseño de la aplicación “generará que aquellas personas que sean beneficiarias de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades perciban dobles prestaciones en los meses que se retrotraiga”.
El objetivo es evitar que un mismo valenciano o valenciana cobren el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez un mismo mes, con los perjuicios que supondrían luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida. Esto ocurrirá, ha advertido Oltra, porque en los meses en que las personas que reciben la Renta Valenciana de Inclusión y sean beneficiarios también del IMV percibirán ambas cuantías, al no poder descontar ese importe de la prestación autonómica.
Para solventar esta cuestión, la vicepresidenta del Consell ha propuesto que para las personas que reciban ya alguna renta básica o de inserción, los efectos económicos se fijen el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud. De esta manera, ambas administraciones podrán coordinarse para que ambas prestaciones se combinen de manera eficaz tanto para el administrado como para la administración.
Por su parte, el senador de Compromís Carles Mulet ha reclamado al Gobierno central el mismo trato para la Comunitat Valenciana en referencia a la transferencia al País Vasco y a Navarra de la gestión del IMV.
Mulet ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en las que se pregunta si “existen comunidades autónomas de primera, segunda o tercera categoría”. “Esta diferenciación”, sostiene el senador de Compromís, supone una “nueva falta de respeto al resto de comunidades autónomas, algunas de ellas, como las valencianas, vanguardistas en políticas sociales”.
Así, Mulet ha solicitado al Ejecutivo la copia de los acuerdos firmados por el Gobierno con las comunidades autónomas “vasca y/o navarra, o el PNV para la gestión del Ingreso Mínimo Vital u otros instrumentos o acuerdos transitorios sobre esta materia”.
El senador también quiere conocer los motivos por los que el Gobierno “no ha querido atender las peticiones de la Generalitat Valenciana para abordar la coordinación en la gestión de esta ayuda”.
Asimismo, solicita copia de las respuestas dadas por el Ministerio de Seguridad Social o por el Gobierno, a los requerimientos o las comunicaciones formales (cartas, correos electrónicos oficiales u otros medios), “remitidos por el Consell de la Generalitat o cualquier conseller o consellera” en los que se solicita al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones o al Gobierno que considere diversas opciones o propuestas para la aplicación la aplicación del Ingreso Mínimo Vital“.
Mulet ha puesto en valor “el actual orden constitucional por el que se establece que son las comunidades autónomas tienen reservado tres de los cuatro pilares del Estado de Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales”. “Eso es así porque son servicios que se gestionan con más eficacia desde la proximidad”, añade.