La concesión a Aumar de los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz ha propiciado pingües beneficios para Abertis, la propietaria de la empresa que en 1971 se constituyera para construir y explotar la principal arteria del corredor mediterráneo. La contrata era para 27 años, pero sucesivas ampliaciones propiciadas por distintos gobiernos ha provocado que el negocio haya durado casi 50 años.
La última prórroga y la más larga fue la que se firmó en 1997 y que se extendía desde 2006 al 31 de diciembre de 2019. Su artífice fue el en aquella época todopoderoso presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien convenció al Gobierno de José María Aznar para que validara el mantenimiento del peaje. A cambio, mejoras en la mediana, bajadas del precio del 30 % y la construcción de un acceso directo al parque de atracciones Terra Mítica, que en aquella época se empezaba a construir.
Una inversión comprometida en el Real Decreto que validó la prórroga de 5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros. Este dinero que tuvieron que dedicar es casi la quinta parte de lo que la concesionaria ganó en años como 2007 o 2018.
En esos 13 años, la empresa Abertis -ahora propiedad de la italiana Atlantis- ha ganado 1.249 millones de euros, dinero que en los últimos ejercicios ha ido la mayoría a reparto de dividendos. Es dinero sin contar los de 2019 que todavía no aparecen en sus cuentas pero que no distarán de los 150 millones de euros. El negocio se observa cuando se calcula la rentabilidad que, con una facturación de 2.480 millones solo en cobro de peajes, alcanza el 35,9 %.
Los años de mayor facturación y beneficios fueron 2007 y 2008 con una caída en los años más duros de la crisis, 2011 y 2012. Aún así, en esos dos ejercicios todavía repartió a las cuentas de Abertis 124 millones de euros. Con la mejora económica y el boom turístico que ha vivido la Comunitat Valenciana y Andalucía, la facturación se ha recuperado hasta ganar en 2018 146 millones de euros.
Pero los beneficios de Aumar podían haber sido mucho mayores. En 2011, la empresa propiedad de Abertis interpuso un contencioso-administrativo contra el Estado por la caída del tráfico debido a los itinerarios alternativos que la Administración central y la autonómica han ido programando en las dos últimas décadas, la A7 por el interior de Alicante que inauguró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la CV 10, proyectada y puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico de Francisco Camps.
El pasado mes de junio el Tribunal Supremo dio la razón al Estado y desestimó el recurso de la concesionaria de Abertis, que el 31 de diciembre dirá adiós a una de sus filiales más rentables.