Un condenado en 'Gürtel' confirma que la trama se instaló en Valencia para “hacer negocios” por la amistad con Camps

César Martín Morales, condenado en la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la trama en Boadilla del Monte (Madrid), ha confirmado que la red que dirigía Francisco Correa envió a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a Valencia para iniciar negocios con la administración pública debido a su amistad con el expresidente autonómico Francisco Camps. Martín Morales, conocido como El Santo, fue una pieza clave del desembarco de la trama en la localidad madrileña cuando estaba al frente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte durante el mandato de Arturo González Panero, El Albondiguilla.

En el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', Martín Morales ha declarado como testigo en su condición de asesor jurídico de las empresas de Francisco Correa en materia de contratos, entre otros, con la empresa pública de la Generalitat Valenciana Vaersa. A preguntas del letrado que ejerce la defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes', César Martín ha relatado cómo fue el desembarco de la trama Gürtel en Valencia.

Así, Francisco Correa le comunicó “varias veces” que “mandaba” al Bigotes a Valencia “porque había trabado amistad con Francisco Camps”. “Querían ampliar sus actividades porque no les adjudicaban suficientes contratos públicos en Madrid”, ha declarado. También se ha referido a la amistad del delegado de la trama con la esposa del expresidente, Isabel Bas.

El letrado de Álvaro Pérez le ha preguntado si le llamó la atención que, en 2004, Orange Market se instalara en Valencia y apenas un año después obtuviera un contrato público para la feria Fitur. “No me llamó la atención porque Correa ya dijo que mandaban a Álvaro a Valencia para hacer negocios en la comunidad, como consecuencia de su amistad con Camps”, ha contestado el testigo.

El letrado del expresidente autonómico ha pedido a Martín Morales que precisara cuándo le dijo Correa que El Bigotes era el enviado de la trama a Valencia. El testigo ha respondido que fue hasta en “dos o tres ocasiones”, en el marco de comidas y reuniones. Francisco Correa “lo manifestaba con total normalidad”, ha aseverado el asesor jurídico de las empresas de la red Gürtel.

Actos para “congraciarse” con Camps

En la misma sesión del juicio, ha declarado como testigo la exdirectora general de la Mujer Clara Abellán durante la etapa de la acusada Alicia de Miguel como consellera de Bienestar Social. El departamento organizó dos actos, mediante contratos menores adjudicados a empresas de la trama, para “congraciarse” con Camps en el marco de las batallas internas del PP y continuar en la siguiente legislatura, según declaró su jefe de gabinete. Alicia de Miguel, por su parte, acusó a su exjefe de gabinete de haber mentido y le responsabilizó de la contratación de la red Gürtel.

La exdirectora general ha explicado que durante el periodo en que se contrató el primero de los actos a Orange Market estaba de baja y que se limitó a firmar las facturas, previamente validadas, cuando se reincorporó a su puesto. También ha recordado su aflicción con la creación de la Fundación Tolerancia Cero, que organizó los actos contratados a la red Gürtel: “Me sentaba muy mal que estuviera la fundación porque me estaba solapando el trabajo, estaba disgustada”.

En un acto celebrado el 25 de enero del 2007 y contratado a la red Gürtel, la exalto cargo ni siquiera tenía un sitio reservado. “Se levantó una persona de una asociación de mujeres para cederme su sitio porque no me habían guardado ni sitio”, ha recordado. Sin embargo, también ha declarado que Alicia de Miguel “nunca” le ordenó contratar a una empresa en concreto.

Adoración R., secretaria general administrativa del mismo departamento durante la etapa de Alicia de Miguel, también ha negado haberse sentido presionada por la entonces consellera de Bienestar Social. “Nunca he tenido ningún problema con Alicia de Miguel, siempre ha estado de acuerdo con el criterio técnico”, ha afirmado. El funcionario José Javier M. también ha negado que la exconsellera popular o su jefe de gabinete le ordenaran contratar a empresas en concreto.