El conflicto interno que vive la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València a cuenta de los privilegios en las prejubilaciones de los trabajadores, denunciados recientemente por la dirección, podría acabar por romper el acuerdo del nuevo convenio colectivo, anunciado hace unos meses.
El sindicato UGT ha retirado el apoyo a las nuevas condiciones laborales pactadas, las cuales tampoco firmó CCOO, quedando en minoría los representantes del resto de organizaciones que sí las avalaron (APTTUV, TUC y CGT).
Aunque incialmente dos miembros de UGT de los cuatro de la comisión negociadora respaldaron el convenio, otorgando mayoría a los que estaban a favor, la retirada de los mencionados privilegios en las prejubilaciones ha hecho que ambos representantes se hayan abstenido de firmar el texto final del convenio, que estaba en trámites de pequeñas modificaciones formales por parte de las autoridades laborales.
El actual presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, junto al gerente de la empresa, Josep Enric García, denunció ante la Agencia Antifraude un acuerdo, según su versión, oculto desde el año 2001 ante la Seguridad Social, por el cual los prejubilados trabajaban 65 días en lugar de los 131 establecidos legalmente para poder jubilarse a los 61 años.
Este miércoles, los trabajadores convocados se han manifestado para reivindicar la reinstauración de esta medida: “el Ayuntamiento ha incumplido el acuerdo de la jubilación parcial que tenemos pactado hasta el próximo 31 de diciembre después de que en una reunión paritaria la empresa dijera que era ilegal”, ha explicado Adolfo Cruz, presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT.
Al respecto, fuentes de la dirección de la empresa han insistido en que han trasladado “una y otra vez a los trabajadores que nos tendrán a su lado para reclamar a Pedro Sánchez ahora, como antes a Mariano Rajoy, una mejora en las condiciones de jubilación no solo para los trabajadores de EMT, sino para todos, especialmente para aquellos que, como buena parte de nuestra plantilla, realizan trabajos físicos muy duros”.
Sin embargo han insistido en que la empresa no puede satarse la ley: “el Convenio Colectivo firmado recientemente recoge las mejores condiciones de jubilación que permita la Ley, no nos ampara a saltárnosla. De modo que, por mucha manifestación que se haga, la empresa no va a hacer ninguna ilegalidad. Aquí no hay ni Roldanes ni Bárcenas”.
Por su parte, Cruz ha mostrado su sorpresa ante la postura de la actual dirección ya que es “una medida que se ha cumplido los tres años de legislatura que están gobernando” y ha añadido que entienden que deben reivindicar “el derecho de los compañeros que están a punto de prejubilarse”.
Sobre la ocultación del acuerdo, ha comentado que “es mentira” puesto que está firmado por escrito “con fecha 6 de agosto de 2001 a cambio de un suplemento por el que los trabajadores dejaron de percibir cinco millones de las antiguas pesetas”.
El presidente del Comité también ha negado la ilegalidad de la medida al argumentar que son “acuerdos internos entre empresa y sindicatos como existen en otras empresas públicas como Metro Madrid, EMT Madrid o EMT Sevilla donde tienen acuerdos similares”.
Sobre la retirada de la firma de los delegados de UGT al convenio colectivo, Cruz ha explicado que “los acuerdos se firman para que se cumplan y mientras haya incumplimientos de convenio no se va a firmar”.
Según el portavoz sindical, “la dirección está usando a los trabajadores como rehenes de cara a las próximas elecciones”.
En la misma línea, el secretario general de CCOO, José Antonio García Montes, también ha asegurado que el acuerdo de las prejubilaciones es legal: “es una mejora sobre la ley como hay en otros sectores y estamentos que en su día se firmó y se pactó así y por la que dejamos de percibir una indemnización”.