La Justicia frena a los Abogados Cristianos: tumba su intención de disolver el comité valenciano que señala las cruces franquistas
La Asociación Española de Abogados Cristianos, fundada en 2008, inició una ofensiva contra las políticas de memoria democrática del gobierno progresista del Pacto del Botànic que ha naufragado porque la abogada y presidenta del grupo ultraconservador, Polonia Castellanos, no se personó en el plazo establecido para sustentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ acordó archivar el recurso de la asociación cristiana que solicitaba la disolución de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, del Comité Técnico de Expertos y de la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática, organismos creados por la Conselleria de Justicia.
Polonia Castellanos, presidenta de la asociación ultraconservadora, presentó un requerimiento de cesación de vía de hecho el 21 de junio del 2017 que argumentaba que la Generalitat Valenciana “carece de competencias sobre la materia” por lo que consideraba que el cambio de la nomenclatura franquista de algunas calles y la retirada de símbolos religiosos vinculados a la dictadura eran ilegales. El 13 de julio, la Conselleria de Gabriela Bravo desestimó el requerimiento. La presidenta de los Abogados Cristianos optó por presentar “nuevamente y en idénticos términos” otro requerimiento de cesación de vía de hecho que el director general de Reformas Democráticas, José García Añón, contestó remitiéndose a la anterior resolución desestimatoria de la Conselleria.
Castellanos acudió entonces al TSJ cuya sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo acordó archivar el procedimiento “al haber transcurrido el plazo concedido a las partes sin que la recurrente se personase para sustentar el recurso interpuesto”. Los antecedentes que incluye la propuesta de acuerdo elevada al Consell por el departamento de Gabriela Bravo para denegar definitivamente las pretensiones de la asociación, a la que ha tenido acceso este diario, señalan que el recurso de los abogados católicos también aludía a “la eliminación de la Cruz sita en el parque Ribalta de Castellón” que paralizó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón.
La Conselleria recuerda que el caso de la cruz franquista de Castellón está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital de la Plana Alta. En la Comunitat Valenciana la asociación presidida por Polonia Castellanos también denunció al Ayuntamiento de Betxí y al de la Vall d'Uixó, después de fracasar en su ofensiva contra el consistorio de Callosa del Segura.
Tras el archivo por parte del TSJ, Castellanos presentó ante la Conselleria de Justicia otro escrito el 11 de febrero del 2019 que “reitera los mismos argumentos apuntados” en los primeros requerimientos planteados en 2017. Un informe de la Abogacía de la Generalitat del pasado 8 de mayo concluyó que la Asociación de Abogados Cristianos optó por un “desacertado planteamiento” que “olvida” que se trata de “cosa juzgada”, lo cual impide “cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte de la Administración”.
El Consell aprobó finalmente la inadmisión a trámite de la última solicitud de la asociación jurídica ultraconservadora que también está inmersa en una cruzada contra el derecho al aborto. Su presidenta, en declaraciones a eldiario.es, considera que “como no se llegó al fondo del asunto, no hay cosa juzgada” por lo que ha iniciado otra vía administrativa. Polonia Castellanos asegura que la Generalitat Valenciana ha constituido “unos comités imparciales” formados por personas que “prácticamente todas están a favor de derribar cruces y en contra de los católicos”.
En el nuevo gobierno del Botànic las competencias de memoria democrática han recaído en la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, al frente de la cual está Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida.
