La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha defendido este jueves ante Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la necesidad de impulsar el sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) como respuesta a un “problema social y ambiental”, que si no se implanta ahora, será más adelante, cuando otros ya lo hayan hecho, y se habrá “perdido un tiempo precioso”.
La Conselleria tiene previsto implantar este sistema en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2018, algo que se hará por ley.
Una vez entre en funcionamiento, los valencianos pagarán 10 céntimos más por los refrescos y bebidas envasados en latas, plástico y vidrio (salvo vino). Esos 10 céntimos les serán devueltos al devolver los envases, en buenas condiciones, a cualquier comercio o plataforma comercial.
De esta forma, al contenedor amarillo se seguirán llevando el resto de envases (latas de conservar y otros plásticos que no sean botellas).
Cebrián y Navarro han mantenido una reunión monográfica sobre la iniciativa del Consell respecto a los envases retornables, solicitada por la CEV para transmitir la preocupación del sector empresarial sobre el asunto.
“Es el momento de innovar”, ha asegurado Cebrián, para avanzar hacia la economía circular con un nuevo sistema gestión de envases. “Queremos llevar adelante este proyecto y queremos hacerlo con vosotros”, ha recalcado la consellera ante la cúpula empresarial valenciana, tras agradecer la actitud positiva y constructiva reflejada en las intervenciones de sus representantes y en las reuniones técnicas de los últimos meses, “sin obviar los problemas que en el proceso pueda haber”.
En el encuentro han participado Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente; Riccardo Cianfanelli, director general de Agua Mineral San Benedetto y presidente de la Asociación valenciana de Empresas de Bebidas Refrescantes Analcohólicas, Envasadores y Distribuidoras de Aguas para el Consumo Humano.
Además, han asistido Juan Manuel Soriano, gerente de Manantiales el Protell; Juan Sabater, Delegado de Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución) en la CV y director regional de El Corte Inglés; Javier Quiles, Director de Relaciones Externas de Consum; Amparo Bondía, directora de Relaciones Externas de Mercadona en Valencia y Juan Carlos Gelabert, Presidente de Asociación de Cafés, Bares y Cafeterías.
La consellera ha recordado que el SDDR está dentro de las políticas europeas medioambientales que señalan el futuro y ha invitado a los dirigentes de la CEV a continuar dialogando para ver problemas concretos de su puesta en práctica: “Seamos constructivos”, ha dicho, tras destacar la compatibilidad del nuevo sistema con los sistemas integrados de gestión (SIG) actuales de contenedores.
En este sentido, Julià Álvaro ha matizado que el SDDR no supone una sustitución de los SIG, sino que “viene a complementarlos”, teniendo en cuenta que el 99% de la población tiene acceso a contenedores, que los SIG llevan 20 años funcionando con un gasto millonario anual en concienciación y sensibilización.
Nada de eso ha sido suficiente para resolver el problema del abandono de envases, ha puntualizado. La diferencia entre países que tienen el SDDR implantado y los que no lo tienen, no está tanto en la cultura como en los 10 o 25 céntimos del depósito: “Nadie tira 10 céntimos al suelo”, ha señalado, en referencia a modelos que han funcionado y funcionan en los países más avanzados mediante un depósito que al ciudadano se le devuelve al retornar el envase.
Jornada crítica con el SDDR
Paralelamente a esta reunión, la Plataforma Envase y Sociedad ha organizado este jueves en Valencia la jornada “Viabilidad de la implantación de un SDDR obligatorio en la Comunitat Valenciana”, que se ha celebrado en el salón de actos de la Fundación ADEIT.
Stephan Roesgen, responsable de asuntos institucionales del Grupo Ardagh, la mayor empresa fabricante de envases alemana, quien vivió en primera persona el proceso de implantación del sistema de retorno de envases en Alemania, ha sido uno de los ponentes.
Roesgen ha destacado, entre otras cosas, que la implantación del SDDR en el país germano costó 750 millones de euros a comercios y distribuidores, pero que no ha logrado incrementar la tasa de reciclaje ni reducir la suciedad en calles, playas o montes.