La Coordinadora Valenciana de ONGD ha mostrado este miércoles su decepción por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a las piezas 2 y 3 del Caso Blasco, por las que el exconseller popular Rafael Blasco y una trama de empresarios y funcionarios fueron declarados culpables en abril de 2020 por la Audiencia Provincial de Valencia de saquear dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos. A pesar de haberse reconocido parcialmente el recurso interpuesto por la Coordinadora, la entidad lamenta que el Alto Tribunal no haya revisado las penas “ridículas” impuestas por la Audiencia a los condenados a pesar de la gravedad de los hechos probados.
En relación a la estimación parcial del recurso interpuesto por la Coordinadora, el Tribunal Supremo entiende que la Audiencia incurrió en una clara contradicción en relación a la pena de prisión impuesta a Rafael Blasco, que debe determinarse en la ejecución de la sentencia. En cualquier caso, esto supone que el exconseller deberá entrar en prisión para cumplir una pena de 1 año y medio. De igual forma, Marc Llinares, jefe del Área de Cooperación en la Conselleria de Blasco, deberá ingresar en prisión para cumplir una pena de 2 años y 9 meses.
Organización criminal
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos tanto por la Coordinadora como por la Abogacía de la Generalitat en relación a la constitución de organización o grupo criminal por parte de los condenados. La Coordinadora respeta pero no comparte en absoluto esa decisión, porque entiende que si algo ha quedado probado a lo largo de las diferentes piezas de este procedimiento es “la existencia de una trama, perfectamente organizada y estructurada, encabezada por Rafael Blasco y de la que formaban parte funcionarios y empresarios, cuya finalidad última era desviar dinero público destinado a cooperación para el lucro personal de los integrantes de la trama”.
“Todos los tribunales han constatado, sin ninguna duda, que esta trama corrupta saqueó los fondos destinados a cooperación durante años. Para hacerlo, crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, malversaron dinero público, y un largo etcétera de delitos probados. Nos sigue causando tristeza, rabia e indignación que hechos tan graves y tan inmorales, hechos que han supuesto robar el dinero destinado a ayudar a las personas más excluidas, se hayan saldado con unas penas de prisión realmente irrisorias”, explica Carles Xavier López, portavoz de la Coordinadora para el Caso Blasco.
Dinero no devuelto
Especialmente alarmante es, apuntan, el hecho de que se ha defraudado una elevadísima cantidad de dinero, millones de euros, que no han sido devueltos, cuya cuantía concreta ni siquiera han sido fijados judicialmente ni por la Audiencia Provincial ni por el Tribunal Supremo. A pesar del esfuerzo realizado por el perito judicial que intervino en esta pieza para fijar el dinero defraudado, que superaba los tres millones de euros, ni la Audiencia Provincial ni ahora el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre esta cuestión.
“Desde la Coordinadora pensamos que esto traslada un mensaje de impunidad muy grave, ya que a los condenados se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada y ni siquiera han realizado un esfuerzo real por hacerlo”. A modo de ejemplo, Rafael Blasco, “a pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado a lo largo de su vida, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, aportando para responder por lo robado propiedades que, o bien ya estaban embargados o bien no estaban a su nombre”. Su capacidad de “ocultación” patrimonial ha sido “premiada por la Administración de Justicia”, explica López.
Lo mismo ocurre con el que fuera director general con Blasco, Josep María Felip -condenado por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial-, que ha consignado apenas 15.000 euros, “una cantidad sin ninguna proporción con el daño causado y que no se entiende después de larga vida laboral como alto funcionario”. “Esa exigua consignación le ha valido para rebajar su pena de tal forma que no llegará nunca a entrar en prisión, a menos que vuelva a delinquir”, sostienen desde la CVONGD.
Respecto al cabecilla empresarial de la trama, Augusto César Tauroni, hace menos de dos meses trascendió en los medios que el yate decomisado al empresario en Miami para recuperar el dinero de la cooperación “desapareció” en un temporal, “otra buena muestra de que los condenados en el Caso Blasco ni han devuelto el dinero defraudado ni han tenido nunca la intención de hacerlo, a pesar de lo cual se han visto todos ellos beneficiados con importantes rebajas en sus condenas”.
La Coordinadora lamenta que no se haya aceptado el recurso contra la aplicación de los atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas. El Tribunal Supremo argumenta que al aplicarlos a otros condenados con los que se llegó a acuerdos por parte del Ministerio Fiscal y la Generalitat Valenciana, debe aplicarse a la totalidad de condenados. Desde la Coordinadora entienden que esta “importantísima rebaja de penas, al aplicar unas atenuantes a los condenados que no consideramos que se hayan producido de ninguna manera, generan una grave alarma social, por cuanto ofrecen a la ciudadanía una sensación de impunidad de los poderosos y la existencia de diferentes justicias dependiendo de quien sea la persona acusada o condenada”.
Ciudadanía contra la corrupción
“La recuperación de los fondos es el único de los tres objetivos que nos marcamos en la Coordinadora al personarnos en la causa, que no hemos logrado. A pesar de lo ridículo de las penas impuestas, hemos conseguido que no se cerrara el caso en falso con un acuerdo vergonzoso, como estuvo a punto de ocurrir en más de una ocasión, y también hemos conseguido, a nuestro juicio, recuperar la dignidad de la cooperación valenciana dejando claro que éste era un caso de corrupción dirigido por políticos y empresarios y que las ONGD íbamos a estar en primera línea para que se hiciera justicia. De hecho, Blasco ha sido el primer político valenciano que acabó en la cárcel por corrupción”, recuerda López.
La Coordinadora Valenciana de ONGD llama la atención sobre lo difícil que es para la ciudadanía buscar justicia en casos de corrupción tan complicados. Un equipo de personas voluntarias junto al abogado contratado, Raúl Vidal Sánchez, ha estudiado durante años un caso cuya instrucción constaba de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, constaban en la instrucción más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de quince tomos más, y se han analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupaban más de 5.000 gigabytes.
En cuanto al coste económico de diez años de litigios frente a algunos de los equipos de abogados mejor pagados, más de la mitad de los cerca de 72.000. euros que han costado la personación se han sufragado a través de la colaboración ciudadana por medio de crowdfunding, venta de camisetas y actividades de recaudación de fondos. El resto ha tenido que salir de los fondos propios de la Coordinadora a lo largo de la década.
“Nosotros no nos hemos rendido, pero ha tenido un coste difícilmente asumible por la ciudadanía. Creemos que esa es una de las claves por las que al final no acaba de hacerse justicia en los innumerables casos de corrupción que han azotado la Comunitat Valenciana en las últimas décadas. Sería importante reflexionar como sociedad si éste es el tipo de justicia que queremos tener, con tanto David luchando contra Goliath”, añade el portavoz de la Coordinadora.
Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD, en todo caso, agradecen el apoyo recibido por organizaciones sociales, sindicales y de cooperación, por las coordinadoras de ONGD del resto de Comunidades Autónomas y por la Coordinadora estatal, y quieren hacer llegar su reconocimiento a las miles de personas que han hecho posible con su trabajo y sus aportaciones económicas la personación como acusación popular en el proceso. “Son un ejemplo de lo mejor de nuestra tierra, son ciudadanía comprometida con una sociedad más justa”, concluye López.