Ninguna de las 14 fallas de València con nombres franquistas ha adaptado su nombre a la Ley de Memoria Histórica

Ninguna de las 14 comisiones falleras afectadas por el cambio de nombre de calles franquistas propuesto por el Ayuntamiento de València para adaptarse a la Ley de memoria Histórica ha realizado aún de forma oficial los trámites para adaptar su denominación.

Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes de Junta Central Fallera (JCF), entidad que por otra parte ha precisado que las comisiones disponen de un año para modificar su nombre y que ninguna de las afectadas ha expresado, al menos públicamente, su negativa al cambio.

Y es que, el artículo 3 del Reglamento Fallero establece que “la denominación de las Comisiones de Falla corresponderá a su emplazamiento en razón al nombre de su calle, plaza o avenida, si fuera suficiente para su identificación por no existir otra con dicho nombre, o de la combinación de dos de ellas para diferenciarla de otras similares”.

Sin embargo, las mismas fuentes han comentado que cada falla tiene una casuística diferente y que habrá que analizar la mejor solución caso por caso.

Y es que el Reglamento Fallero también permite que “a los efectos de identificación se podrá hacer uso de la denominación que por tradición o costumbre es conocida la Falla, previa autorización de la Junta Central Fallera”.

El Ayuntamiento de València aprobó el cambio de 51 calles cuyos nombres tenían alguna vinculación con el franquismo en el pleno del pasado mes de mayo, un acuerdo que posteriormente fue publicado por el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el pasado 27 de junio.

Sin embargo, fue a finales de septiembre cuando comenzaron a hacerse efectivas los cambios en las placas de las calles, en los que durante un año convivirán la nueva denominación con la antigua (situada más pequeña y por debajo entre paréntesis).

Al respecto, el presidente de JCF y concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha informado que a principios del presente año se reunirán con los representantes de las 14 fallas afectadas por los cambios denomicación para asesorarles legalmente y para acordar una ayuda económica encaminada a paliar parte del gasto que les suponga adaptar aspectos como, por ejemplo, los estandartes o los escudos sedigrafiados en los azulejos de los casales.

Aunque aún no hay un cálculo exacto del gasto que puede suponer, el concejal ha asegurado que no será una cuantía muy elevada.

Pese a que las comisiones aún no han movido ficha para que quede plasmado su cambio de denominación, algunas ya han comenzado a adaptarlo en redes sociales, cartelería o en material de oficina como en los membretes de los sobres o folios. Por ejemplo, Linterna-Na Robella-Barón de Cárcer no tiene esta última calle (cambiada por avenida del Oeste) en su perfil de Facebook.

Como curiosidad, entre las fallas afectadas por los cambios se encuentra a la que pertenece la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, la comisión del Ángel del Alcázar, el apelativo con el que se conocía a Antonio Rivera Ramírez, uno de los defensores del Alcázar de Toledo, y cuya calle se ha rebautizado como Dels Jurats.

El resto de comisiones que deberán cambiar su denominación son Linterna – Na Robella – Barón de Cárcer, Avenida de la Plata – General Urrutia, Gayano Lluch – Dr. Marco Merenciano, General Llorens – Dr. Marco Merenciano, Plaza Mártires – General Ibáñez Alonso, Santa Cruz de Tenerife – Ángel del Alcázar, Juan Bautista Vives – Salvador Ferrandis Luna, Islas Canarias – Trafalgar – Samuel Ros, General Barroso – Litógrafo Pascual Abad, General Barroso – Calvo Acacio, Plaza Eduardo Marquina, Manuel de Falla – López Ibor – Tamarindos y Grupo Antonio Rueda.

Ninguna de las 14 comisiones falleras afectadas por el cambio de nombre de calles franquistas propuesto por el Ayuntamiento de València para adaptarse a la Ley de memoria Histórica ha realizado aún de forma oficial los trámites para adaptar su denominación.

Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes de Junta Central Fallera (JCF), entidad que por otra parte ha precisado que las comisiones disponen de un año para modificar su nombre y que ninguna de las afectadas ha expresado, al menos públicamente, su negativa al cambio.