Consuelo Císcar, ¡queda usted auditada!

Tarde o temprano se iba a saber: era un secreto a voces. Consuelo Císcar, más que dirigir el IVAM durante diez largos años, lo ha digerido masticándolo a dentelladas, a base de despilfarrar el presupuesto público como si de una orgía privada se tratara. Un informe provisional de control financiero realizado al Instituto Valenciano de Arte Moderno por parte de Intervención de la Generalitat así lo demuestra. El cúmulo de irregularidades es tal, ya sea a la hora de adquirir obras por encima de su valor en el mercado, tramitar comisariados a dedo, hinchar gastos de viaje o camuflar otra serie de gastos, que daría para un tratado de psicopatología económica.

Los ejemplos son múltiples y apabullantes. Bastará decir que, en una muestra aleatoria de obras adquiridas, Intervención concluye que en los casos de Xiaochum Miao, Natividad Navalón, Julio Quaresma, Javier Arce y Juan Carlos Nadal, sus obras The Deluge, Tiempo de arroz y sal, Della Bestia Triunphante, Removal Assignments y Haboob, respectivamente, fueron compradas por un precio superior al 1.520% (caso de la obra de Quaresma) al estimado por una valoración externa.

Así, el precio de adquisición de Della Bestia Triunphante por parte del IVAM fue de 32.400€, frente a los 2.000 estimados. Por Removal Assignments se pagó 11.800€, cuando lo normal hubiera sido 2.500, mientras que por Tiempo de arroz y sal el IVAM desembolsó 128.400€, de los 75.000 que dictaminaba el valor de mercado. The Deluge (18.000 por 8.000) y Haboob (14.520 por 10.000) son las diferencias económicas de los otros dos casos, siempre según el informe de Intervención de la Generalitat.

El IVAM también compró la obra La moneda, el tiempo y el laberinto. Homenaje a Borges II, de Gerardo Rueda, facturada en 10.586€, dentro de un lote que comprendía a su vez la donación de otras 77 obras del autor, sin que hasta la fecha haya sido entregada al instituto valenciano, al igual que sucede con 32 de las donadas. El actual director del IVAM, José Miguel Cortés, en las alegaciones presentadas al informe, manifiesta haber solicitado a la Fundición CAPA, encargada de dicha obra, su entrega “a la mayor brevedad posible”, al igual que reclama a su propietario las 32 restantes.

Los gastos de viaje y alojamiento de Consuelo Císcar durante 2009-2013 ascendieron a 137.717,82€. Gastos entre los cuales el informe detecta tres facturas de alojamiento correspondientes a tres habitaciones distintas de un mismo hotel de Basilea (Suiza) por importe de 3.825,65€ cada una. “Se ha comprobado que una de ellas corresponde al alojamiento de una persona que no tiene relación laboral con el IVAM (Pilar Mundina Gómez)”, mientras que las dos restantes “figuran a nombre de la Directora Gerente, sin que se haya podido verificar si se alojó una tercera persona sin identificar o si la habitación quedó desocupada”.

Lo mismo sucede con los gastos de alojamiento por valor de 855€ debidos a “una estancia de hotel de dos noches de Boye Llorens en Barcelona sin que conste relación laboral o profesional con el IVAM durante dichas fechas”. O los 12.146,76 correspondientes a gastos de desplazamiento de miembros del Consejo Rector para acudir a las sesiones de dicho órgano. Y es que, como recoge el informe, “el IVAM no dispone de ninguna norma interna que regule [esos] gastos de desplazamiento”.

Del Catálogo Razonado de Julio González, cuya obra estaba previsto se articulara en cinco volúmenes, a día de hoy únicamente publicados los del I al III, el IVAM adquirió 2.750 ejemplares, de los que se han vendido 22, 161 se han entregado de forma gratuita como protocolo y, ¡atención!, 2.567 (93,35% de los adquiridos con un coste de producción de 297.233€), “están almacenados como stock en las dependencias del Instituto”.

Los ejemplos de las irregularidades cometidas es tan amplio y revelador que José Miguel Cortés, en sus alegaciones, firmadas junto al Administrador Joan A. Llinares Gómez, afirma que “suponen un grave quebranto para el erario público y, en particular, para el maltrecho presupuesto del IVAM”. De hecho, Cortés y Llinares añaden que todos estos hechos “podrían constituir además conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico penal”, por lo que entienden “necesario dar traslado a la Abogacía de la Generalitat al objeto de que se interpongan cuantas acciones sean necesarias”.