Ni protocolo de prevención de suicidios o de la trata, ni asistencia psicológica o psiquiátrica. Una visita de técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, ha aflorado graves carencias dos años después del suicidio en una celda de aislamiento de Marouane Abouobaida, un inmigrante marroquí de 23 años.
La octava visita del organismo al CIE de Valencia, centrada en la comprobación del trato a las personas privadas de libertad, se produjo el 18 de noviembre de 2021 y sus conclusiones y resoluciones emitidas se han conocido ahora. Así, el equipo multidisciplinar, formado por dos técnicos y el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una psicóloga y un médico forense, detectó que no existe un protocolo de prevención de suicidios “propiamente dicho” ni una “valoración específica del estado de salud mental o afectación emocional por el internamiento en el CIE”, según reza la ficha de seguimiento de la visita.
“Tampoco se valora el riesgo suicida, ni siquiera la historia clínica tiene un apartado para la exploración psicopatológica”, agrega. Además, el Defensor del Pueblo lamenta la carencia de asistencia psicológica o psiquiátrica a los internos, que frecuentemente cuentan con un historial de “consumo de sustancias tóxicas”.
El equipo del Defensor del Pueblo se entrevistó con internos, miembros de la Cruz Roja, personal de Clínica Madrid (la empresa externa que presta la asistencia médica) y con el director del CIE. “Hay una falta de actividades y desocupación que genera una importante presión mental”, señala el organismo que preside Ángel Gabilondo. A esa falta de actividades se suma la “sensación de paréntesis” en la vida de los internos durante dos meses (periodo máximo de internamiento) que “desencadena emociones de rabia, frustración o apatía”.
De las entrevistas individualizadas con internos (42 personas en total en el momento de la visita), el Defensor del Pueblo señala que algunos manifestaron que no fueron avisados con tiempo de su traslado –al menos 24 horas de antelación–, que se les apretó demasiado las esposas durante el viaje y que “les golpearon en diferentes momentos de su traslado”.
Además, el organismo detectó que no hay un libro de incidentes o de quejas ni protocolo de tramitación de denuncias por supuestos malos tratos. Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también echan en falta la “cumplimentación adecuada” del registro de entradas y salidas de los internos y de solicitudes de asistencia médica. Tampoco existe en el CIE un documento “que recoja sistematizadas las normas de funcionamiento del centro”.
El servicio médico remite a la dirección del centro de internamiento los partes de lesiones de los migrantes a pesar de que durante la última visita (del 13 de noviembre de 2019) los técnicos formularon un Recordatorio de Deberes Legales para que esa documentación fuera enviada directamente al juez encargado de la vigilancia del CIE.
La ficha de seguimiento de la visita también alude a la falta de historias clínicas informatizadas y a la carencia de confidencialidad entre médico y paciente. “La consulta se hace con la puerta abierta y con los agentes de la policía en el exterior”, con lo que “no se garantiza de esta forma la debida confidencialidad que debe de tener cualquier acto médico”, agrega. Además, los técnicos del Defensor del Pueblo también detectaron dificultades idiomáticas de comunicación entre el personal del servicio sanitario y los internos.
Finalmente, la visita también constató que los agentes, algunos de los cuales no estaban debidamente identificados, se dirigen a los internos “por el número que tienen asignado en el centro”. Ninguna de las recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo obtuvo respuesta.
CIEs NO denuncia la expulsión de dos activistas
Los servicios jurídicos de la campaña CIEs No han denunciado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, encargado del control del recinto, la expulsión de dos activistas dedicados al acompañamiento de migrantes.
El pasado 22 de junio, según CIEs No, un agente dio por finalizada una de las tres entrevistas con internos. “Durante la segunda entrevista, el chico explicó su proceso migratorio y comenzó a contar, de forma emocionada, cómo había sido deportado su compañero a Marruecos esa misma madrugada”, señala la campaña en un comunicado.
A la salida del encuentro, según el relato de los activistas, un mando policial “delante de sus subordinados comenzó a verter todo tipo de acusaciones contra las personas que entran en el CIE a realizar acompañamientos”.
“Este incidente se suma a las constantes vulneraciones de sus derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ningún delito”, agrega el comunicado. A pesar de que el juez encargado del control y vigilancia del CIE dictó un auto en 2011 en el que destacaba que las ONG son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”, actualmente en el recinto de Zapadores ni letrados ni acompañantes ni familiares “pueden tener garantías de que sus conversaciones con los internos son privadas”, critica CIEs No.