Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020. La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos. La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones.
La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años. “La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán.
“La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo.
El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia. Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019.
Sin médico “de dos a tres días a la semana”
La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias.
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero solo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa. Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana.
La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”.
El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.
Partes de lesiones con lagunas
En la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos” ni la asistencia prestada. Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.
Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.
Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos.
El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.