¿Recuerdan ustedes al inspector Renault? El inspector de la película Casablanca, esa obra de arte, una de las mejores películas de la historia del cine. Una de las escenas más sarcásticas del cine, con aquel policía que reclama con gritos a sus subordinados para cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre diciéndole “aquí están sus ganancias de esta noche”. Es de un cinismo espantoso sino es porque uno está metido en la película y vislumbra desde el principio los principios (valga la redundancia) de tal personaje. Pues eso es lo que se me ha venido a la cabeza día tras día con la semana que nos han regalado los medios de comunicación social con el asunto del nombramiento de Dolores Delgado como candidata a Fiscal General del Estado a propuesta del nuevo Gobierno de España.
Que Dolores Delgado cumple con un perfil profesional destacado no lo duda ni la derecha más rancia. Que es una mujer capaz de asumir cualquier tipo de responsabilidad ejecutiva, tampoco está en duda, lo ha hecho antes. Los resultados por lo que comentan juristas de todos los colores han sido óptimos. ¿Dónde está el problema pues? Pues nada más y nada menos que su trabajo anterior era ser Ministra de Justicia del Gobierno español. Y eso para algunos es legal, pero no moral, es legitimo, pero no “estético”. Bien, pudiera serlo, pero desde mi punto de vista estarían “autorizados” a pensar mal, a considerar que es un nombramiento conflictivo y poco coherente con el fin último de dar al menos la sensación a la ciudadanía de despolitización de la Justicia aquellos que nunca antes realizaron un nombramiento o propuesta para el CGPJ, para el TS, para el TC y para los distintos tribunales superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas. ¿Quién está libre de ese pecado? Que levante la mano y tire la primera piedra. Todos y digo todos los grupos parlamentarios que conozco han votado para la elección de personas que iban a conducir el rumbo de la justicia, que iban a tomar decisiones que en parte también podrían afectar a acciones de esos votantes, de esos que pulsan un botón o introducen una papeleta con el nombre de un letrado o una letrada (o juez o jueza) en una urna en un parlamento nacional o autonómico. No les pongo ejemplos para evitar más sonrojo a aquellos que se levantan como bastión de la imparcialidad en la Justicia.
¿Por qué ese escándalo ahora? ¡Que cinismo! El nombramiento ha pasado por los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el judicial y pasará al legislativo. Nos gustará más, nos gustará menos o no nos gustará absolutamente nada, pero creo que los únicos autorizados a levantar la voz en estos casos son los ciudadanos. Ellos no eligen ni han elegido hasta ahora a ninguno de esos magistrados que se sientan en los sillones del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Supremo o de los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma. ¿A que vienen esos aspavientos, esos desmanes descompuestos por parte de políticos que antes ya han realizado este tipo de elecciones? Algunos han sido magistrados con carnet ocupando presidencias. De hecho, vean crecer la incoherencia. ¿No hay magistrados que están sentados en sillas del legislativo en los distintos partidos? ¿No los hay que van y vienen del juzgado al partido político y viceversa? ¿Se ha puesto en duda su imparcialidad en su labor como jurista? Pues eso.
O se sonrojan todos o circulen, que vienen coches y atascan la vía.
Alexis Marí Malonda.
Diputado Autonómico en Corts Valencianes de la IX Legislatura.