La denunciante de Mónica Oltra acusa a los abogados de extrema derecha de haberla dejado “tirada” tras lograr su dimisión

Hace unos meses disputaban entre ellos sobre los méritos y deméritos de la estrategia judicial. Ahora ambos se han enfrentado en las mismas redes sociales a la denunciante cuyos intereses aseguran representar. José Luis Roberto, líder del grupo ultra España 2000, y Cristina Seguí, agitadora de la extrema derecha, ejercen la acusación particular y popular, respectivamente, en el caso en el que está imputada la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que dimitió en junio como consecuencia de su circunstancia judicial. La representada por Roberto, la joven ahora ya mayor de edad que denunció unos abusos en un centro de menores por los que fue condenado el exmarido de Oltra, afirmó el pasado 28 de agosto en una entrevista con el diario Levante-EMV sobre la actuación de ambos abogados ultras: “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”.

Según la joven, de 20 años y que tiene dos hijos –uno de ellos un bebé de apenas meses– Seguí y Roberto le ofrecieron trabajo y una vivienda mientras arremetían judicialmente en su nombre contra la vicepresidenta y su equipo en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La exvicepresidenta y su equipo están investigados por haber desatendido a la menor y haber intentado supuestamente encubrir los abusos del exmarido de Oltra debido a que, desde el principio y a lo largo de todo el proceso, no dieron credibilidad a su denuncia, hecho que contrasta con la credibilidad que sí se le dio en un juicio. La sentencia de ese juicio, que hubo de ser repetido, está recurrida ante el Tribunal Supremo.

El intercambio de recriminaciones entre los dos abogados ultraderechistas y la joven revela una ruptura que ha llevado al dirigente de España 2000 a asegurar: “Actualmente sigo llevando la representación procesal, aunque habiendo perdido la confianza con mis clientes, estaría feliz de dar la venia cuando se me solicite en forma”.

La utilización de la víctima del caso, una joven tutelada por la Generalitat Valenciana desde los cuatros años hasta la mayoría de edad, que se fue a vivir con su novio, con el que tiene dos hijos, sin trabajo ni domicilio fijo, cuyos ingresos proceden del dinero que reciben gracias a las campañas en redes sociales promovidas por la extrema derecha contra Oltra y el Gobierno valenciano, ha llevado a una crisis en la que es buscada por la Guardia Civil, después de que una prima suya denunciara la desatención de los dos menores, el mayor de los cuales dio positivo en cocaína al ser atendido en un centro de salud de Paterna.

La prima que denunció la situación de la joven ha chocado con dureza en las redes con Seguí y dice de ella Roberto que es “nefasta”, que intentó que “se apartara”, pero “volvían una y otra vez a estar juntas”. “La última vez la denunció la misma prima, que miente más que habla”, sentenció en Twitter el líder ultraderechista y exdirectivo de una asociación nacional de clubes de alterne.

Roberto asegura haber llevado la representación de la joven de forma gratuita y tanto él como Seguí han comentado en redes que les ha costado dinero. También reconocen que hubo una oferta de trabajo para la joven. “En esos momentos me aparté de ellos al exigir de forma amenazante a Cristina Seguí para que les diera un trabajo en Madrid”, cuenta Roberto en uno de sus tuits. “Les dije claramente que aun existiendo el trabajo, con amenazas y en la situación que estaban generando, y más con Palomita de mochila (su prima que no es tal), Cristina no iba a implicar a los que de buena fe ofrecían ese trabajo en este culebrón”.

Todo parece indicar que la mencionada promesa laboral tenía que ver con un hospital de Madrid. La empresa Ribera Salud, que dirige Alberto de Rosa, ya intentó colocar a la pareja en la plantilla del hospital Torrevieja antes de que la Generalitat Valenciana lo recuperara para la gestión pública.

Los hechos abundan en favor de lo que Mónica Oltra alegó desde que se abrió la investigación a su departamento, en el sentido de que había un lawfare, una guerra judicial de la extrema derecha, en alianza con otros sectores de la derecha no tan extrema, para conseguir derribarla, como figura clave del Gobierno valenciano del Pacto del Botánico y dirigente de Compromís. Oltra está citada a declarar en el caso por el que permanece imputada el próximo día 19 de septiembre ante el juez de Valencia que lo instruye.