La depuradora de Pinedo da servicio a 1,5 millones de personas de València y su área metropolitana. Es con diferencia la mayor planta de depuración de aguas de la Comunitat Valenciana y de las más grandes de España. Su nombre ha estado vinculado a la corrupción desde que el verano de 2010 saltara el escándalo Emarsa, nombre de la empresa pública que explotaba las instalaciones. Siete años después hay 25 personas entre responsables políticos, empresarios y directivos de la sociedad pública sentadas en el banquillo de los acusados por saquear presuntamente unos 24 millones de euros de dinero público.
En octubre de 2010, en pleno escándalo mediático por el mal uso de los fondos de Emarsa -viajes por todo el mundo, regalos de lujo, prostitutas...- la Generalitat y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) -ambas instituciones controladas por el PP- decidieron liquidar Emarsa y sacar a concurso la gestión de las plantas Pinedo I y II. La tercera fase ya estaba privatizaba y su gestión la llevaba la UTE Aguas de Valencia-Sociedad Agricultores de la Vega (SAV)-DAM.
En un concurso convocado por urgencia el 8 de octubre de 2008, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente sacó a licitación la gestión de Pinedo I y II por 16 millones de euros. La decisión, como se ha acreditado durante la instrucción del caso Emarsa la tomaron unilateralmente el entonces conseller Juan Cotino y la alcaldesa de València, Rita Barberá, cuyo ayuntamiento controlaba la mayoría del consejo de la saqueada Emarsa y de su propietaria, la Emshi.
En menos de tres meses la Epsar adjudicó la joya de la corona de la depuración valenciana a quienes ya gestionaban Pinedo III, la UTE Aguas de Valencia-SAV-DAM, que bajaron la oferta de los 16 millones a 13,5. Unos 20 millones de euros de contrato anual entre Pinedo I, II y III, ahora reconvertidas a Pinedo I y II.
Este concurso convirtió a estas firmas en los líderes del mercado del la depuración del agua en la provincia de València. En la actualidad explotan el 77 % de las depuradoras de la provincia y el 59 % de la Comunitat Valenciana. Y es que en los últimos diez años la explotación de las 482 plantas depuradoras de la Comunitat Valenciana se ha concentrado en cuatro empresas con, además, un reparto territorial según la sede social de cada una. Un negocio que puede alcanzar los 200 millones de euros al año.
Aguas de Valencia (ahora Grupo Omnium), SAV-DAM, Facsa y Suez-Hidraqua (antigua Aguas de Barcelona) copan más de 80 % de la explotación de las depuradoras. Les siguen muy de lejos la empresa mixta Egevasa (51 % diputación-49 % Aguas de Valencia), con el 6,3 %, y distintos ayuntamientos también en cooperación con empresas privadas con un 5,7 %. La otras competidoras no llegan al 2 % del mercado adjudicado por la Epsar.
Pero donde se observan verdaderos monopolios es cuando la información se traslada a nivel provincial. Facsa, del Grupo Gimeno y acusada por Anticorrupción de presuntamente financiar ilegalmente al PP, controla la explotación del 85,63 % de las depuradoras públicas de Castelló. Esta empresa fichó a un exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, como director general en 2011. SAV-DAM y Suez no llegan ni al 2 % del mercado pese a ser mayoritarios en Valencia y Castelló.
En la provincia de Valencia copan el mercado Aguas de Valencia y SAV-DAM. Suez no tiene ni el 3 %. Otras empresas como Exman o AMS-Sacede no llegan al 2,5 % del mercado. Facsa no trabaja en esta zona, como tampoco lo hace en Alicante. La mixta Egevasa ha conseguido el 13,75 % de la explotación de las depuradoras de la Epsar.
En Alicante, es Suez-Hidraqua la que controla el mercado. Dispone del 39,36 del mercado a lo que hay que sumar las que gestiona Aguas de Alicante, donde participa en empresa mixta con ayuntamientos. Aguas de Valencia ha conseguido el 15,91 % del mercado de explotación de depuradoras y SAV el 19,51 %.