Derecho a la vivienda, turismo, València
¿Es negativa o positiva la turistificación y la gentrificación de nuestros barrios? ¿Las causan solo turistas o también los propios vecinos de la ciudad? ¿Hasta qué punto plataformas digitales como AirBnb son la causa o el cauce de la mayor demanda de alojamientos vacacionales? ¿Cómo afectan esas viviendas turísticas al aumento del precio de la vivienda, y qué van a hacer las administraciones para responder a este problema? ¿Está València camino de convertirse en Barcelona en términos turísticos? ¿Sería esto negativo, o positivo?
El barrio del Carmen ha cambiado; Russafa ha cambiado y el Cabanyal está cambiando, de la misma forma que han cambiado barrios y ciudades de nuestro entorno como Venecia, Berlín o Barcelona. El debate sobre turistificación, viviendas de alquiler vacacional y gentrificación ha traspasado el ámbito teórico y la perspectiva internacional para trasladarse a las conversaciones de vecinos y asociaciones en nuestra ciudad, dando lugar al nacimiento de colectivos como Entre Barris, formado por asociaciones y entidades que reivindica el derecho a la ciudad y se opone a la turistificación y sus efectos negativos en València.
El aumento desaforado del turismo (especialmente low-cost), como el aumento desaforado de cualquier otra actividad económica, además de generar más ingresos, movimiento económico y puestos de trabajo (habría que ver en qué tipo de condiciones...) genera también una serie de “externalidades negativas” en términos de limpieza, seguridad, o impacto ambiental que requieren de políticas públicas y soluciones que las atiendan y reduzca. Especialmente en relación al aumento del precio de la vivienda que, a falta de estudios específicos, parece ser el problema con mayor repercusión y más complejo de resolver por cuanto la rentabilidad de un alquiler vacacional puede duplicar o triplicar el de un alquiler convencional; y por cuanto la demanda de esta forma de alojamiento no deja de aumentar.
Esa es la cuestión más compleja de resolver y donde no existen soluciones mágicas en tanto se encuentran en disputa dos principios jurídicos y sociales básicos: el derecho fundamental a la vivienda “digna y adecuada” (qué importante resulta reivindicar no solo el derecho a un techo, sino a una cierta “habitabilidad”, tamaño y condiciones de esa vivienda), protegido por el artículo 47 de la Constitución (con mayor protección si cabe tras la aprobación hace unos meses de la Ley de Función Social de la Vivienda por el Consell, inefablemente recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobierno central del Partido Popular) y los derechos a la propiedad privada y la economía de mercado de los artículos 33 y 38 de la carta magna.
Y es que esta problemática del aumento de los precios de la vivienda (alquiler y compra) afecta especialmente a los no propietarios, principalmente jóvenes y colectivos de bajos recursos que no adquirieron una vivienda en la época de bonanza en la que había mejores salarios y mayor facilidad de acceso al crédito que en la actualidad, donde a las peores condiciones laborales y aumento de los precios se juntan las enormes dificultades para obtener una hipoteca (salvo nos puedan avalar nuestros padres) y la legislación de arrendamientos que permite al propietario, cumplidos los primeros 3 años de alquiler, subir el precio a voluntad a sus inquilinos o, directamente, no renovar el alquiler. Las soluciones no están claras ni parecen fáciles, pero resulta evidente que estamos ante una problemática social que en una ciudad como València merece la atención y reflexión de ciudadanía y partidos políticos en tanto va a convertirse en cuestión fundamental en la próxima década.
En relación a estas cuestiones, la Plataforma per Russafa y Salvem Russafa (en colaboración con el estudio La Dula y l'Ajuntament de València) organiza los próximos 14, 15 y 16 de diciembre la jornada “Turistificació, dret a l'habitatge i resistències”, abierta a vecinos, asociaciones y políticos, donde sociólogos, juristas y otros expertos de diferentes partes de la península (como Agustín Cocola de la Universidad de Lisboa, Javier Gil de la UNED o Irene Escorihuela del Observatorio de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Barcelona) y colectivos de afectados de Venecia (No grandi Navi), Barcelona (Sindicat de llogaters), Mallorca (Ciutat per a qui l'habita) o Madrid (Madrid no se vende) discutirán y reflexionarán desde la experiencia de cómo se está afrontando el problema en otras ciudades de nuestro entorno y desde las posibles soluciones para que València nunca deje de ser un lugar excelente en el que vivir como local y al que visitar como turista.
