La Policía Nacional han desarticulado en València un entramado criminal relacionado con la venta irregular de cadáveres. Se ha detenido a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.
Según la investigación, los detenidos falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias con el objetivo de venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver. Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro de registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. El fallecido debería haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia pagado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Fallecidos sin familiares
Los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi. Esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y, al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.
En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo. Para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para practicar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar. Buscaban así una mayor impunidad.
Por otro lado, y continuando con las pesquisas, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.
Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en València.
Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres. Se ahorraban así pagar por ellas y a la vez facturaban a la universidad, obteniendo beneficios con esta práctica.
La Universitat de València, la Católica y el CEU no están entre las afectadas
La Universitat de València ha salido al paso de estas informaciones para asegurar no se ha visto afectada por este caso: “Trabajamos con protocolos seguros para la aceptación de cadáveres para la docencia y la investigación. La Facultad de Medicina y Oncología no compra cadáveres, sino que acepta donaciones en vida, después del cumplimiento de unos requisitos rigurosos”. Desde la Universidad Católica de València también han asegurado que ellos no compran cadáveres, si no que su Facultad de Medicina también trabaja con donaciones. Por último, el CEU–Cardenal Herrera explica que sigue un “estricto protocolo” en la donación de cadáveres para uso docente e investigador en su Facultad de Ciencias de la Salud –reciben entre 10 y 15 cuerpos cada año y únicamente se sufragan los gastos del traslado y la cremación, “como es habitual en las universidades”.