El despacho Soriano i Piqueras lanza un programa para asesorar a políticos en “perseguir la corrupción del adversario”

El despacho de abogados Soriano i Piqueras, fundado a finales de 2023 por el que fuera durante los últimos años abogado del PP valenciano y responsable de la defensa de alguno de los casos de corrupción más conocidos del país, como el que afecta a los hermanos del expresidente valenciano Ximo Puig o el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, busca explotar la experiencia acumulada por su equipo en materia política ofreciendo un producto legal inédito en España: un programa para que los políticos persigan la corrupción de sus adversarios.

Así, la firma digirida por Víctor Soriano, que cuenta en su equipo con abogados de primera línea que también provienen de la política, como la exalcaldesa de Catarroja (València), M. Ángeles López, o el abogado mercantilista José Luis Pantoja, busca ofrecer a las Administraciones y los grupos políticos “una ayuda para hacer lo que saben que necesitan, pero no saben cómo abordar”, en palabras del director del despacho. 

“Hace más de una década que el debate político está muy centrado en la corrupción y en todos los niveles de la política hay una preocupación clara por sacar a la luz los casos de corrupción que afecta al adversario, que muchas veces se perciben pero no se sabe cómo dar con ellos y cómo explicarlos. Nosotros ayudamos a los políticos y sus equipos a descubrir la corrupción, denunciarla y perseguirla”, ha declarado Soriano, quien realizó esa tarea en las Corts Valencianes al servicio del PP durante una legislatura. 

En los últimos años, Soriano ha destacado por la defensa de la acusación popular en múltiples causas de corrupción, así como también por los numerosos litigios que han servido para que el Tribunal Supremo sentara doctrina sobre el derecho de los diputados a acceder a la documentación del Gobierno que ha dado lugar a descubrir tramas corruptas.

La boutique legal dirigida por Soriano, reconocida en BestLawyers, dirige una de las acusaciones populares ejercidas ante el alto tribunal contra Álvaro García Ortiz por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.