Recaredo del Potro, directivo de la empresa adjudicataria del proyecto Castor, se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón por un presunto delito medioambiental. Del Potro ha insistido en que la plataforma podría haber continuado inyectando gas en el almacén subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.
El acusado ha limitado sus funciones al “asesoramiento y representación ante la Administración” y ha declarado que conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad.
Los seísmos que detectó el Observatorio del Ebro, ha defendido Del Potro, se situaban a 15 kilómetros de Castor y ha asegurado que ninguna sismicidad fue sentida por los ciudadanos mientras se estaba inyectando gas.
Además, también ha asegurado que cuando el Observatorio del Ebro recomendó reducir el caudal de inyección de gas como consecuencia de los seísmos que se estaban produciendo, la empresa ya lo habían reducido a la mitad. Escal UGS, ha agregado, informó al Ministerio de Industria, a la subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Vinaròs de los seísmos que se estaban produciendo.
El otro acusado, el consejero delegado José Luis Martínez Dalmau, ha reconocido que, antes de iniciar la inyección de gas, era consciente de la posible sismicidad. También ha defendido que si no se hubiese decretado la paralización de la inyección de gas, probablemente el proyecto podría haber seguido con una mayor monitorización.
Martínez Dalmau ha aludido a las auditorías “tremendamente exhaustivas” y ha negado la “correlación espacial” entre la inyección de gas y los terremotos (sí que ha reconocido, en cambio, la correlación temporal).
Los 123 afectados por los terremotos, representados por el despacho BCV Lex, solicitan Escal UGS y a los dos directivos 1,8 millones de euros por los daños morales a consecuencia de la “ola de pánico” que propiciaron los seísmos. El Ministerio Fiscal, por su parte, pide una pena de seis años de prisión para cada uno de los dos directivos y una multa de 189.000 euros para la empresa, participada mayoritariamente por la constructora ACS.