De los orígenes de la siderurgia saguntina a la crisis de los años ochenta

Tras el cierre definitivo de la factoría de AHM, al término de un largo conflicto sociolaboral del que se cumplen ahora 40 años, sólo quedó en pie el horno nº 2, una impresionante estructura de 64 metros de altura construida en los años veinte y cuya restauración, como parte de la recuperación del patrimonio industrial, lo ha convertido en un potente tótem simbólico y referente histórico de la memoria colectiva de un siglo de actividad siderúrgica y lucha obrera en el Puerto de Sagunto.

Con una población de 44.428 habitantes, según el último padrón, el Puerto concentra actualmente dos tercios de la población total del municipio, manteniendo un perfil de núcleo industrial y obrero significativamente diferenciado del más terciario y menestral de la capital saguntina, como resultado de una peculiar trayectoria histórica desde su fundación a principio del siglo XX y tras los grandes cambios sociodemográficos registrados en las últimas décadas.

Formación de la 'ciudad-fábrica'

La demanda creciente de hierro y sus derivados, procedente de una tardía pero sostenida industrialización, explica la primera construcción en la costa saguntina de un embarcadero desde el que dar salida al mineral extraído en Ojos Negros (Teruel) por la compañía que, a principio de siglo, habían constituido los empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar.

Fue en 1906 cuando la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM), tras una protesta de los obreros del embarcadero, decidió construir 60 viviendas para su instalación, dando así origen a un asentamiento urbano de matriz industrial y proletario que iría creciendo desde entonces con la incorporación de trabajadores inmigrantes atraídos por las posibilidades de empleo en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM) que, impulsada por los mismos empresarios vascos, inició su actividad en el Puerto de Sagunto a partir de 1917

Cuando en 1926 se inauguró el segundo de sus hornos altos trabajaban ya en la factoría unas 3.000 personas y la población del Puerto era de 9.184 habitantes. En la década de los cincuenta, al ampliarse las instalaciones siderúrgicas tras su absorción por Altos Hornos de Vizcaya (AHV), el número de obreros sobrepasaba los 5.000 y la población era de 23.625. Si calculamos cuatro personas por familia, como suele hacerse para estos años, constatamos que la mayoría de la población del Puerto dependía de la fábrica.

Dicha vinculación se hacía aún más estrecha por el dispositivo envolvente desplegado por la empresa que en 1960 presentaba el siguiente balance: 800 viviendas (adscritas a 2.200 personas, lo que supone casi la mitad del colectivo obrero de la factoría), dos escuelas a las que asistían 2.300 niños y niñas, un centro de formación profesional para 200 aprendices, una clínica con 30 sanitarios, el economato (con 23.000 beneficiarios, es decir, todo el pueblo), la Ciudad-Jardín de la Gerencia (expresión del poder de la empresa y la estratificación social impuesta por la misma, con chalets adosados para cuadros medios y mansiones residenciales para los directivos), la Iglesia de Begoña (tributo al clericalismo vasco de sus promotores) y el Estadio Fornás, en el que jugaba el Acero CF y que sería, más tarde, escenario de multitudinarias asambleas obreras.

La omnipresencia integradora de la empresa, que proveía a la comunidad de infraestructuras y servicios básicos desbordando el estricto ámbito laboral, acabaría por activar, simultánea y contradictoriamente, dinámicas de cohesión y coacción, mecanismos de pertenencia y dependencia que contribuirán a explicar, más adelante, tanto las características específicas del modelo de relaciones laborales resultante como el impacto social de los conflictos que en su marco se registren.

El orgullo de formar parte de una compañía conocida y puntera en el ámbito nacional, e incluso internacional, con una trayectoria y personalidad propias, generaba un fuerte sentimiento de identidad colectiva, al tiempo que las características de un trabajo que exigía fortaleza física, destreza técnica y un arraigado conocimiento del oficio, fueron configurando una emergente cultura obrera que se vería pronto reforzada por la acción colectiva, pese a las restricciones impuestas por el franquismo tras la guerra civil.

Organización del trabajo y relaciones laborales

A finales de los cincuenta, tanto la autarquía productiva de la dictadura como el modelo tradicional de gestión empresarial presentaban síntomas inequívocos de agotamiento. Para evitar su colapso, el régimen se vio obligado a dar un “giro liberalizador” en su estrategia económica y laboral (Plan de Estabilización, Ley de Convenios Colectivos) que, sin renunciar al autoritarismo original, puso en marcha un proceso de cambios que, con el tiempo, acabaría escapando a su control, provocando importantes efectos sobre los sistemas de trabajo y de relaciones laborales, entre otros ámbitos.

En 1958 la dirección de AHV tomó la decisión de sustituir los viejos métodos de tareas y destajos en la gestión del trabajo, por la planificación cronometrada y los incentivos derivados del sistema Bedaux. 

La aplicación de la autodenominada rganización científica del trabajo (OCT) provocó, inicialmente, fuertes resistencias por cuanto forzaba un aumento en los ritmos de producción, obligando progresivamente a la empresa a negociar su implantación a cambio de incentivos y ajustes en las mediciones, lo que implicaba un cambio radical en la racionalización productiva y la relación con los trabajadores, puesto que la aplicación del nuevo sistema requería de su participación a través de estructuras de representación y negociación .

La Ley de Convenios Sindicales, publicada en abril de aquel mismo año, eliminaba el monopolio oficial en la fijación de salarios y confería autonomía a las empresas para ajustar su evolución en función de la productividad, mediante la negociación con los enlaces y jurados. Se trataba de estructuras básicas del Sindicato Vertical franquista que, tras ser largamente ignoradas por los trabajadores por su ineficacia y complicidad con las decisiones empresariales, empezaban ahora a ser consideradas como posibles plataformas para una acción sindical alternativa y entrista que, por agregación, permitiera transformar las quejas individuales por la aplicación del sistema Bedaux en reivindicaciones colectivas a negociar con la empresa.

Tras un largo pulso de dos años entre trabajadores y técnicos encargados de aplicar la nueva OCT, con numerosos episodios de micro-conflictividad en naves y talleres, el 27 de octubre de 1961, tras una asamblea en El Fornás, se firmaba el primer convenio colectivo de AHV, en cuya negociación participaron ya líderes obreros no verticalistas (Miguel Lluch y Ginés Zaplana), elegidos un año antes para el Jurado de Empresa.

El Convenio codificaba el conflicto de intereses entre empresa y trabajadores, evidenciando la voluntad negociadora de ambas partes y su capacidad de alcanzar acuerdos de suma positiva, regulando la aplicación pactada del nuevo sistema de organización del trabajo que, tras mejorar la productividad, permitiría la progresiva reducción de la plantilla en los cinco años siguientes (de 4.755 a 3.857 trabajadores), al tiempo que fijaba un incremento salarial del 70% (3.000 pesetas mensuales de media) y otros avances en materia de cobertura social.

La emergencia de un nuevo sindicalismo

Identificamos aquí ya los primeros rasgos definitorios del nuevo sindicalismo que sin renunciar a la confrontación, como veremos, fue capaz de aprovechar las limitadas posibilidades de representación de los trabajadores y de interlocución con la empresa que ofrecía el sistema para acumular poder contractual en defensa de las reivindicaciones obreras lo que permitirá, en adelante, transformar las prestaciones otorgadas por el modelo paternalista en derechos adquiridos, combinando estrategias de protesta y propuesta.

La aplicación del acuerdo y la revisión del cronometraje de tareas serán desde entonces motivo recurrente de conflicto en forma de trabajo lento (“a la marxeta”) o paros puntuales (junio de 1962, diciembre de 1963, septiembre de 1964) que culminarán en la primera gran huelga de junio de 1965, en la que durante diez días dos mil trabajadores de AHV-Puerto de Sagunto defendieron sus propuestas para la renovación del convenio, mediante un articulado calendario de paros por talleres y secciones que puso de manifiesto el alto grado de desarrollo organizativo y capacidad de movilización de un emergente liderazgo sindical.

Tras los primeros días de paros, la dirección de la empresa no sólo se negó a renegociar el convenio sino que despidió a varios representantes sindicales y amenazó con la suspensión definitiva de empleo y sueldo a todos los participantes. Finalmente, la generalización de la huelga y la intervención de los representantes de los trabajadores lograron que la empresa retirara las sanciones pero no que firmara el nuevo convenio, que fue sustituido por un laudo de la autoridad laboral que prorrogaba el anterior y fijaba una subida salarial del 17% (lo que suponía que la remuneración media en la factoría se habría multiplicado por diez entre 1959 y 1965), consolidando pese a todo su capacidad de organización autónoma, interlocución institucional y poder contractual.

Las elecciones sindicales del año siguiente refrendaron dicha dinámica dando, por primera vez, la mayoría (9 sobre 12 enlaces del colegio de trabajadores no cualificados) a la candidatura de lo que por entonces comenzaba a denominarse “el movimiento de las comisiones obreras”, a cuya reunión fundacional en el País Valenciano (11 de diciembre de 1966), en los locales de la vieja sociedad cultural Lo Rat Penat en el centro histórico de Valencia, asistieron dos enlaces sindicales de Altos Hornos (Miguel Lluch y Julián López) que más tarde (noviembre de 1968) serian detenidos, junto a otros cuatro trabajadores de la factoría, en la primera gran “redada” policial contra el emergente movimiento obrero valenciano.

La confluencia de ambos factores (poder contractual interno / represión externa) operando sobre el micro-cosmos laboral cerrado y relativamente uniforme propio de la factory-town porteña, caracterizado por un desarrollado sistema fordista de producción e interlocución laboral, explican el repliegue táctico y cambio estratégico que durante los años siguientes mantendrán los sindicalistas ante las perspectivas de ampliación derivadas de la decisión gubernamental (21 de junio de 1971) de construir en Sagunto la IV Planta Siderúrgica Integral, que dio origen a la renovación de la empresa como Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).

Se trataba de un proyecto faraónico, con una inversión prevista de 126.000 millones de pesetas y alrededor de 8.000 empleos directos, basado en unas exageradas previsiones de demanda interior de acero que la posterior crisis energética y del automóvil acabaron demostrando erróneas, complicando más tarde la necesaria restructuración del sector.

En este contexto, los sindicalistas de AHM, conscientes de “haber tocado techo” en sus reivindicaciones salariales (30% por encima de la media del sector metalúrgico) y de haber validado sus recursos de presión/negociación, se centraron en la defensa del empleo ante los primeros síntomas de crisis en la empresa, adoptando desde entonces una estrategia proactiva y endógena, con el consiguiente aislamiento relativo respecto de la dinámica general del emergente movimiento obrero valenciano durante la fase final de la dictadura y el inicio  de la transición a la democracia.

Los inicios de la crisis siderúrgica

Los problemas de la siderurgia comenzaron en 1975 cuando, tras una largo período de expansión, la crisis energética derivada de la guerra del Yom Kipur provocó un fuerte incremento de costes y progresiva contracción de la demanda de acero en los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que en el caso español se sumaba a las incertidumbres coyunturales del final de la dictadura y el inicio de una compleja transición (política, económica, social, legislativa e institucional), durante la que se adoptaron sólo medidas cortoplacistas que no hicieron sino agravar la crisis estructural de un sector que ocupaba a 43.000 trabajadores en tres distritos industriales distintos y distantes (Ensidesa, AHV y AHM), retrasando la adopción de las necesarias medidas de restructuración.

El primer Gobierno de la democracia (UCD) aprobó la concesión de un crédito extraordinario al Instituto Nacional de Industria (INI) de 15.000 millones de pesetas como medida de apoyo urgente al sector siderúrgico (Ley 60/1978). Se trataba de una estrategia dilatoria y defensiva, orientada exclusivamente al saneamiento financiero del sector, cuyo objetivo era que la crisis industrial no bloquease el proceso de cambio político, justamente cuando a nivel europeo se estaban aplicando ya medidas proactivas de restructuración (mejoras tecnológicas, concentración de la producción, reducción de plantillas, etc.).

Ante el agravamiento de la situación, se iniciaron negociaciones a tres bandas entre Gobierno, empresas y sindicatos que concluyeron con un acuerdo transitorio recogido en el Real Decreto 878/1981 sobre medidas de reconversión de la siderurgia integral para adecuar la capacidad de producción instalada a la contracción del consumo interno de acero, lo que implicaba una progresiva reducción de los excedentes de plantilla (5.800 en total, 700 de ellos en AHM), incluyendo asimismo el compromiso de inversiones públicas y privadas por un valor de 130.000 millones de pesetas para la renovación del sector, mediante la construcción de dos nuevas acerías y un tren de bandas en caliente (TBC), con la pretensión de garantizar la competitividad del sector y garantizar los puestos de trabajo restantes.

El 'Informe Kawasaki'

El proyecto inicial ubicaba las nuevas acerías en Ensidesa y AHV, mientras que no precisaba la disputada localización del TBC, por lo que el Gobierno decidió requerir los servicios de una consultora especializada, la Kawasaki Steel Corporation, cuyo informe final, presentado en mayo de 1982, recomendaba su instalación en Puerto de Sagunto, si bien proponía aplazar varios años la inversión correspondiente hasta tanto no mejorase la situación industrial y financiera de AHM. Todo lo cual provocó fuertes tensiones entre las tres empresas interesadas, que acabaron implicando a sus respectivos gobiernos autonómicos, imposibilitando además la articulación de una estrategia sindical unitaria a nivel nacional (CC.OO. era mayoritaria en AHM, UGT en Ensidesa, mientras que en AHV existía una fuerte fragmentación de la representación con importante presencia nacionalista).

La creciente debilidad parlamentaria del Gobierno de UCD le impidió aplicar las conclusiones del Informe Kawasaki, limitándose a crear una comisión interministerial que estudiara las propuestas de las tres empresas implicadas, cuya decisión quedó de nuevo aplazada por la convocatoria de elecciones generales de octubre de 1982 y posterior cambio de Gobierno, tras la victoria por mayoría absoluta del PSOE.

A principio de febrero de 1983, el Ministerio de Industria del recién constituido gobierno socialista presentó un nuevo plan en la Comisión de Seguimiento, para su discusión con empresas y sindicatos, por el que se abandonaba la construcción de otro TBC en Sagunto y se proponía renovar los dos ya existentes en AHV y Ensidesa invirtiendo, en definitiva, las conclusiones del Informe Kawasaki y apostando, en definitiva, por la opción vasca y asturiana, con el consiguiente abandono del proyecto de la IV Planta Siderúrgica Integral de AHM.

La opción gubernamental pretendía así llevar a cabo la tan necesaria como aplazada reestructuración con el menor coste social y político posible, por lo que las inversiones se dirigirían a las dos regiones que, por entonces, estaban sufriendo con mayor dureza la crisis industrial, en detrimento de la siderurgia valenciana, cuyo cierre se preveía que tuviera menos efectos cuantitativos sobre el empleo y la economía regional, al tiempo que se intentaba completar el proceso a la mayor brevedad para que no interfiriese en las conversaciones para la integración de España en la CEE, que incluían también negociaciones sobre el nuevo mapa de la siderurgia comunitaria.

Desde entonces, historiadores y economistas, sociólogos y protagonistas han analizado en profundidad dicho proceso, generando una amplia y diversificada bibliografía, tratando de dilucidar en qué proporción intervinieron razones de carácter político, técnico, económico y/o internacional en el diseño final de la reestructuración siderúrgica, cuyo impacto sociolaboral e, incluso, emocional y simbólico, alcanzó niveles históricos en todas las comunidades afectadas, especialmente la valenciana.