¿Qué ha hecho el autogobierno por nosotros? La gestión descentralizada del Estado de Bienestar reduce la desigualdad

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana viven mejor que hace 40 años. Al menos, según los indicadores económicos. Es una de las conclusiones del informe de impacto económico del autogobierno valenciano, un documento elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con Presidencia de la Generalitat, con motivo de la efeméride de la aprobación del Estatut d'Autonomía valenciano.

En el informe La economía valenciana 40 años después del Estatut d'Autonomia, coordinado por Francisco Pérez, se examina cómo ha cambiado el ecosistema económico posfranquista hasta llegar al actual y se exponen sus fortalezas, debilidades y retos futuros. Desde la aprobación del Estatut, en 1982, han aumentado el Producto Interior Bruto, la renta per cápita y el empleo, pero también la brecha con otros territorios. La autonomía siempre ha estado por debajo de la media nacional, pero, mientras que en 1982 la renta per cápita era del 99% respecto a la media estatal, en 2021 caía al 88,5%. La distancia se agranda en la primera década de los 2000, paradójicamente la de mayor crecimiento económico, y obedece a múltiples factores, como el aumento de población en la Comunitat Valenciana, pero también a su ecosistema productivo. En el mismo periodo, Madrid, por su parte, ha pasado de superar la media española en un 25% a hacerlo en un 37%. Ha habido descentralización de las competencias, pero no desconcentración del poder, ni financiación acorde a las mismas.

En el periodo autonómico la población ha pasado de 3,7 millones a los 5 actuales, los empleados de 1,1 millones a 2,2 y mientras el PIB se duplica, pero el PIB per cápita solo crece un 60%, y a menor ritmo que el de la media nacional. Hay más mujeres trabajando que en los ochenta -casi el doble- y se quintuplican los trabajadores con estudios superiores, pero, apunta el informe, la economía se ha especializado en sectores de baja productividad (turismo, comercio y construcción) y poco capaces de crear valor añadido. El escaso margen financiero, derivado del sistema de reparto de recursos del Estado, dificulta las políticas públicas con efecto económico tractor.

Pese a las carencias, el documento sostiene que el desarrollo de las competencias del Estado de Bienestar, que asumen las comunidades autónomas desde la aprobación de su marco normativo propio, ha resultado fundamental para reducir las desigualdades y mitigar el impacto de las grandes crisis de las últimas décadas. Desde la aprobación del Estatut, la Generalitat Valenciana ha ido desplegando servicios y prestaciones que este año rozan el 20% del PIB y que han servido para frenar la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares en las sucesivas crisis. En 2019 la Generalitat Valenciana consigue equipararse en gasto público a la media en educación, sanidad y servicios sociales, pese a la infrafinanciación autonómica.

Los servicios y prestaciones públicas son “un componente de los recursos reales de las familias valencianas, en especial para igualar las oportunidades de las más desfavorecidas”. Según el análisis, “la desigualdad tras el conjunto de las intervenciones públicas es la mitad que la anterior a las mismas”, en casos como el de la crisis económica iniciada en 2008. El informe hace énfasis en la necesidad de políticas predistributivas y redistributivas e indica que “el pago de impuestos directos y las transferencias en especie logran una notable reducción de la desigualdad”.

Las comunidades autónomas “han coprotagonizado el desarrollo del estado de bienestar en España”, responsables de los servicios públicos y la expansión de derechos. “La expansión del gasto en salud, educación y servicios sociales ha permitido una clara ampliación de la cantidad y la calidad de estos servicios y el acceso a los mismos ha corregido parte de la desigualdad de las rentas generadas en los mercados”, sostienen los economistas que firman el trabajo.

Educación y movilidad social

La mejora de los niveles educativos de la población es uno de los resultados más importantes desde que se aprobó el Estatut, consideran los economistas, que señalan dos consecuencias: garantiza una oferta de recursos humanos que posibilita la transformación del sistema productivo y es una “gran palanca de movilidad social”, un concepto actualmente en discusión, en paralelo al de la meritocracia, y que en el informe reconoce sus limitaciones.

El informe plantea si, en paralelo a la intervención directa, existe movilidad social en la comunidad autónoma y si la educación, que es la política de movilidad social por antonomasia, es efectiva. En ambos casos el documento responde afirmativamente y apunta: “La movilidad social es limitada pero existe, al mostrar que el estrato social de origen condiciona claramente la calidad del empleo”. La educación ―sobre todo la superior― “opera como un potente ascensor social que hace mucho más relevantes los estudios completados que el origen social para alcanzar las ocupaciones altas”, asegura el texto, indicando que una persona de un estrato bajo y sin estudios superiores es muy poco probable que desempeñe una ocupación alta, pero si posee educación superior lo conseguirá en el 53% de los casos. No obstante, el estudio recalca que “la probabilidad de cursar esos estudios no es la misma para las personas con distintos estratos sociales de partida: los hijos de familias de entornos socioeconómicos favorables están sobrerrepresentados en las universidades valencianas y los de entornos desfavorables infrarrepresentados”. Por ello, el documento insta a seguir avanzando en políticas predistributivas y redistributivas.

El lastre de la infrafinanciación y la infrainversión

El crecimiento económico no ha seguido un proceso lineal, sino que ha padecido “importantes interrupciones” desde los años setenta y la primera mitad de los ochenta, también a principios de los noventa y, ya en el siglo XXI, con la crisis económico-financiera de 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania, apunta el documento. Las sacudidas económicas han impactado en las rentas familiares, así como en el tejido productivo, y la intervención pública de las administraciones ha resultado clave. “Esas funciones estabilizadoras del sector público no eliminan los problemas, pero los mitigan”, recalca el texto, que indica que la acumulación de shocks “exige nuevas y potentes respuestas, que refuercen la confianza colectiva sobre las posibilidades valencianas de seguir prosperando y hacerlo sin que nadie quede atrás. Para ello es necesario partir de diagnósticos realistas y lograr la cooperación social que facilita la acción colectiva”, señala el informe.

El documento destaca la intervención de lo público para paliar las consecuencias de las crisis cada década, pero apunta que, con el estado de las arcas, puede generarse una situación problemática. Para financiar las actuaciones públicas que han ejercido como colchón ante un batacazo económico se ha recurrido con frecuencia al endeudamiento “con una intensidad que hace peligrar la sostenibilidad de las políticas de bienestar a medio plazo. En el caso valenciano este problema se ha agravado por la infrafinanciación padecida por la Generalitat”, alerta el documento.

Pese a tener menos recursos, la Comunitat Valenciana se equipara a la media en gasto público por habitante, pero para ello hace un mayor esfuerzo que tiene consecuencias: se refleja en el menor gasto en el resto de funciones, entre las que se encuentran las de fomento del desarrollo económico, así como en un mayor endeudamiento, reitera el informe. Además, el apoyo público a las actividades productivas valencianas es menor, pero puede corregirse con actuaciones como los fondos europeos, apunta el documento coordinado por Pérez.

Los retos del autogobierno

El documento apunta tres retos fundamentales de la economía para las próximas décadas: un tejido productivo y un sector público que se apoyen en el conocimiento y la innovación, un desarrollo económico inclusivo y un ecosistema de crecimiento sostenible medioambientalmente. El informe del IVIE coincide en su planteamiento con el de un acto de la Fundación Nexe, el think tank de una rama del valencianismo político. En un acto celebrado el pasado 13 de julio, la fundación reunió a diversas entidades para plantear retos del autogobierno que incorporar en la reforma estatutaria. Entre ellos: la financiación autonómica y la autonomía fiscal, la federalización del Estado “como herramienta para profundizar en una sociedad más democrática y participativa”, la protección de la lengua y de los espacios comunicativos propios, la protección del derecho a los cuidados y la protección del territorio.

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana viven mejor que hace 40 años. Al menos, según los indicadores económicos. Es una de las conclusiones del informe de impacto económico del autogobierno valenciano, un documento elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con Presidencia de la Generalitat, con motivo de la efeméride de la aprobación del Estatut d'Autonomía valenciano.

En el informe La economía valenciana 40 años después del Estatut d'Autonomia, coordinado por Francisco Pérez, se examina cómo ha cambiado el ecosistema económico posfranquista hasta llegar al actual y se exponen sus fortalezas, debilidades y retos futuros. Desde la aprobación del Estatut, en 1982, han aumentado el Producto Interior Bruto, la renta per cápita y el empleo, pero también la brecha con otros territorios. La autonomía siempre ha estado por debajo de la media nacional, pero, mientras que en 1982 la renta per cápita era del 99% respecto a la media estatal, en 2021 caía al 88,5%. La distancia se agranda en la primera década de los 2000, paradójicamente la de mayor crecimiento económico, y obedece a múltiples factores, como el aumento de población en la Comunitat Valenciana, pero también a su ecosistema productivo. En el mismo periodo, Madrid, por su parte, ha pasado de superar la media española en un 25% a hacerlo en un 37%. Ha habido descentralización de las competencias, pero no desconcentración del poder, ni financiación acorde a las mismas.