La pieza “clave” del caso Emarsa que se salvó de la quema
En el caso Emarsa –que se está juzgando en estos momentos en la Audiencia Provincial de València- habrá una sentencia que condenará o absolverá a los 25 procesados en uno de los mayores casos de corrupción de la Comunitat Valenciana. Pese al voluminoso trabajo de instrucción quedarán algunas sombras por esclarecer y algunas personas que participaron activamente en la red corrupta verán desde su casa cómo arden sus antiguos compinches sin que les afecte ni una sola llama.
Ha pasado con el Ayuntamiento de València y las personas que recibieron regalos de la red. También con la relación entre los tesoreros de Emarsa y el PP de la ciudad pese a las acusaciones del exgerente Esteban Cuesta de presunta financiación irregular del partido que ahora sí se investiga en el caso Taula. También ha habido pactos llamativos de algunos de los acusados que, con devolver lo sustraído, se han evitado sentarse en el banquillo. Militantes ilustres del PP de Moncada y València han esquivado el suplicio de enfrentarse al macrojuicio que ya dura cinco meses y que todavía tiene varios meses más de sesiones pendientes.
Pero si hay una situación llamativa en el caso de una persona a la que varios acusados apuntan y sobre la que pesan numerosos indicios ese es Joan Borràs, un empresario catalán socio del principal procesado –el hasta ahora acusado como cabecilla de la trama de los lodos, Jorge Ignacio Roca-. Borràs acudió el pasado jueves 7 de septiembre a declarar como testigo en la causa después de que Roca lo señalara en su interrogatorio en la vista oral como el enlace entre él y la red valenciana. De él dijo también que disponía de una tarjeta de crédito mediante la que vaciaba –junto a otros procesados- las empresas que recibían el dinero desviado de la empresa pública valenciana en connivencia con los políticos.
Como no fue imputado en instrucción –y no fue por falta de ganas de la fiscalía y algunas acusaciones- Borràs acudió a declarar con un blindaje que le permitió salvar el interrogatorio con lagunas mentales, pérdidas de memoria e inconcreciones. Además, el tribunal impidió cualquier pregunta que le pudiera incriminar con los hechos delictivos pese a la insistencia del abogado de Roca. La testifical duró dos horas, la más larga de las decenas de testigos que han acudido a la vista oral.
Fuentes jurídicas explicaron que Joan Borràs –que era accionista de la empresa de Roca que hacía los trabajos reales- se salvará porque difícilmente puede abrirse una pieza separada para imputarlo. El caso se demora desde octubre de 2010 y todo el mundo quiere terminar ya. Y eso sin contar los recursos al Tribunal Supremo que llegarán después de la sentencia que previsiblemente saldrá en la segunda mitad de 2018. Ocho años después de la primera denuncia.
Roca y Borràs –entonces socios y compañeros en algunas empresas de la trama- se acusan mutuamente de ser los cabecillas de la red. Roca está en prisión desde que fue detenido en Moldavia tras estar fugado años y Borràs es testigo y sigue con su trabajo y vida normal. Ambos se señalan como la persona que se puso de acuerdo con José Luis Sena y Vicente Ros, los empresarios valencianos con los que participaron en la facturación presuntamente hinchada que les permitió sustraer hasta 11 millones de euros.
Según dijo Roca, un experto en evitar el pago de impuestos a Hacienda, fue Borràs quien le puso en contacto con la trama valenciana. En concreto le “ficharon” para que ofreciera sus conocimientos en “facturación”. Roca llegó a decir que antes de la trama Emarsa ya había trabajado para el empresario en otras operaciones de fraude.
Al contrario que Roca, que todos los acusados dicen no haber visto nunca –manejaba sus empresas desde Igualada y posteriormente desde Francia hasta que saltó el escándalo-, Borràs sí que era el hombre en el terreno. Era el que acudía con regularidad a la depuradora de Pinedo en representación de las empresas de Roca pese a que en la investigación no se ha probado que cobrara dinero negro (según su antiguo socio se habría llevado tres euros por cada tonelada de lodo extraída). Uno más en el complejo engranaje de la red corrupto.
Pese a las duras acusaciones, Borràs terminó el interrogatorio del pasado jueves y ya no está previsto que vuelva a acudir al juicio ni que se le vuelva a investigar. Una pieza del puzzle que no termina de encajar y que deja la investigación de la trama de los lodos coja de una pata. ¿Quién puso en contacto a las redes valenciana y catalana? De momento, es una incógnita que ocho años después sigue sin despejarse.
