Emergencia climática. Caso práctico

El pasado 10 de diciembre la COP25, la Cumbre Mundial del Clima que reúne en Madrid a representantes de casi 200 países y cientos de organismos y organizaciones, dedicó la jornada a la movilidad sostenible. Es un tema central, el transporte es el causante del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Se debió insistir en estas mesas de debate en la necesidad de transformar esta máquina de fabricar CO2 que es el actual modelo de movilidad. Seguro que personas expertas y gobiernos de distinto signo, entre ellos el español, afirmaron que debemos avanzar decididamente hacia un modelo de movilidad basado en la sosteniblidad, la eficiencia energética, la integración social y territorial, y que priorice el transporte público, el ferrocarril, los vehículos eléctricos y los desplazamientos a pie o en bicicleta. Es sin duda el rumbo que debemos tomar.

El lema de la COP25 es #PasarALaAcción. Eso han reclamado miles de personas en las calles y eso dicen los gobiernos que van a hacer. De momento se ha declarado la emergencia climática en muchos parlamentos, en el Parlamento Europeo y en gobiernos como el valenciano. Y apuesto a que será una de las primeras cosas que hará el futuro gobierno de España cuando se constituya. Pero declarar la emergencia por si solo no significa pasar a la acción. Pasar a la acción es poner en marcha medidas concretas y destinar recursos económicos. Pasar a la acción es, quizás, deshacer algunos caminos. Pasar a la acción es, sobre todo, repensar las políticas y los criterios en los que se basan para aplicar el nuevo enfoque de la emergencia.

Vayamos al caso práctico. Hace más de 40 años que dejó de funcionar la línea de tren entre Gandia y Denia. 40 años sin conexión ferroviaria por la costa entre las ciudades de Valencia y Alicante. Se interrumpe en Gandia y no hay una alternativa de transporte público viable que conecte los municipios de La Safor y la Marina Alta. La alternativa es única: el transporte privado, el coche. El Tren de la Costa, y en concreto el tramo Gandia-Denia, es una reivindicación histórica de estos municipios. Es también una promesa históricamente tan repetida como desatendida por todos los gobiernos, sin distinción. La ciudadanía pide un tren de cercanías (insisto, cercanías), un servicio público que les conecte, que mejore la economía de los municipios, que atienda la gran demanda turística de la zona. La movilidad es un derecho fundamental para garantizar una vida digna porque de él depende el acceso a los servicios públicos, al trabajo, al consumo o a las relaciones sociales.

El proyecto lleva años parado. En 2016 el Ministerio de Fomento sometió a información pública el Estudio Informativo de esta línea. Venía con sorpresa incluida: se habían eliminado las paradas previstas en los municipios de Bellreguard, Ondara y El Verger. Los ayuntamientos afectados presentaron alegaciones. Sin respuesta. Yo misma, siendo diputada en el Congreso, pregunté al gobierno sobre el proyecto y los criterios para aplicar esta modificación. Una escueta respuesta responsabilizaba del cambio a la “baja demanda”. Y esta semana (la semana de la COP25) el gobierno ha comunicado formalmente a las administraciones afectadas la continuación del proyecto, que sigue sin contemplar estaciones o apeaderos en estos municipios. ¿El motivo? La rentabilidad económica, una supuesta inversión deficitaria porque la demanda, según afirma el gobierno, no es suficiente.

Y aquí viene el interés de este caso práctico. En 2016 quizás el argumento de la falta de rentabilidad nos podría parecer “razonable”, aunque nunca los servicios públicos deberían basarse únicamente en el criterio de la rentabilidad económica. En 2019 es inconcebible. La pregunta es obvia: ¿En qué ha cambiado la emergencia climática la política del gobierno? En nada. Y esto es precisamente lo que no nos podemos permitir. Si esta conexión ferroviaria ha sido siempre necesaria por los motivos expuestos, ahora es imprescindible. Ahora tenemos que tener en cuenta la conexión entre nuestros pueblos y ciudades, la mejora de nuestra economía y también los efectos de nuestro sistema de transporte y movilidad en el cambio climático. ¿Cuánto cuesta ese ahorro de gases de efecto invernadero? ¿Cuánto CO2 se puede evitar lanzar a la atmósfera con un tren de cercanías que evite el desplazamiento en coche de miles de personas cada día? Esa es la cuestión. Esa es la prioridad. Eso es pasar a la acción.

El Ministerio de Fomento y el gobierno no están pasando a ninguna acción si mantienen este proyecto con el mismo enfoque que en 2016. Ninguna política pública puede mantener hoy el enfoque del 2016 (que es a menudo el de 1990). Si declaramos la emergencia climática no es (no debería ser) porque está de moda, es porque es urgente frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Y no se conseguirá con discursos en la COP25 sino con acciones concretas, con una revisión integral del sistema de transporte y movilidad en España y con casos prácticos como este, donde demostrar que nos hemos estudiado bien la lección y sabemos cómo aprobar el examen. De lo contrario el suspenso está asegurado.

*Àngela Ballester. Directora General de la Generalitat Valenciana y vecina de Bellreguard