El consejo de administración extraordinario de Divalterra, convocado este lunes, ha decidido mantener en su puesto al director de prevención de riesgos penales de la empresa pública, José Luis Vera, tras su detención el pasado jueves en el marco del 'caso Azud' que investiga una supuesta trama de mordidas vinculadas al urbanismo. Vera fue incapaz de prevenir su propio riesgo penal. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de las pesquisas del caso, registraron el despacho de Vera en la sede de Divalterra, en la calle de Avellanas de Valencia, pero no intervinieron documentación alguna.
La decisión, aprobada con la abstención de los representantes del PP, Ciudadanos y la representante del comité de empresa, supone que Vera mantiene empleo y sueldo en Divalterra aunque abandonará las funciones de negociación con los sindicatos para la disolución de la mercantil pública.
Heredera de Imelsa, el epicentro del 'caso Taula' que investiga la supuesta corrupción masiva cuando el popular Alfonso Rus era presidente de la Diputación, Divalterra ha sido una auténtica pesadilla para el PSPV-PSOE y Compromís, las dos formaciones que accedieron a la institución provincial en 2015.
Teniendo en cuenta este carácter de ente 'maldito', el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, anunció la disolución de la empresa tras la polémica por el nombramiento del jefe de Recursos Humanos. Divalterra estaba a la espera de la convocatoria de una Junta General para someter a votación su disolución, liquidación y extinción. Entre medias, el jefe de los servicios jurídicos ha sido detenido aunque, a diferencia del resto de arrestados pernoctó la noche del sábado al domingo en un centro hospitalario.
El letrado no es un personaje cualquiera en el engranaje de la institución provincial. Ha sido el principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Taula', que afecta de lleno a Imelsa (antecesora de Divalterra) y en la instrucción del 'caso Alquería', que acabó con la detención y posterior dimisión del anterior presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.
La acusación popular, ejercida por Acción Cívica, solicitó sin éxito la imputación de Vera y varias defensas de los encausados han insistido en que el letrado avaló las contrataciones de los directivos.
La Fiscalía abre otra investigación a Divalterra
Este lunes, la Fiscalía ha incoado diligencias para investigar las presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, tras una denuncia presentada por el PP en la Diputación. El proceso desencadenó hoja de ruta de cierre definitivo de la empresa por parte del presidente de la institución provincial, Toni Gaspar.
El presidente del consejo de administración de Divalterra, el socialista Ramiro Rivera, ordenó la paralización del proceso tras la impugnación del candidato que quedó en segundo lugar y amparando en los del jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública, José Luis Vera.
El portavoz del grupo popular en la Diputación, Vicente Mompó, ha valorado positivamente que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones para poder “aclarar lo sucedido” y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal “que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas” y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la “condición de testigo protegido”.