La actuación de Caixabank durante el 'fraude del CEO' que sufrió la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, ha dejado muchas incógnitas. Tantas que el Tribunal de Cuentas, en su acta de liquidación provisional, afirmaba que la estafa de cuatro millones de euros “no hubiera sido posible sin la actuación de la entidad de crédito”. La empresa municipal ha solicitado al juez instructor que cite a la entidad bancaria como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente.
La representación letrada de la EMT ha estudiado los protocolos internos de Caixabank (los que la entidad bancaria ha aportado al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga el fraude, que no son todos) y ha cruzado las obligaciones que prevén con la actuación de sus empleados durante la veintena de días que duró el fraude.
La conclusión es contundente: “Caixabank ha contribuido por infracción de su deber de control y omisión de las más elementales normas de cuidado exigibles a toda entidad bancaria al fraude”, según apunta un escrito de la EMT dirigido al juzgado al que ha tenido acceso elDiario.es. También considera que ha incumplido “gravemente” la ley de prevención del blanqueo de capitales. Así, solicita al juez que tome declaración a la persona jurídica Caixabank en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente.
La entidad bancaria figura como posible responsable civil en la causa que investiga la descomunal estafa. Caixabank descarta cualquier tipo de responsabilidad por estos hechos y rechaza devolver el dinero, mientras que la EMT considera que fue responsable subsidiaria del robo.
El escrito de la EMT repasa el protocolo de actuación del Soporte Operativo a Banca Institucional (SOBI), el departamento que tramitó las primeras transferencias a una cuenta de Bank of China en Hong Kong, y las declaraciones de los empleados de la entidad bancaria en el juzgado. Y varios extremos no cuadran.
Las transferencias se realizaron “a la vista de meros documentos en formato papel escaneados (ningún original), enviados digitalmente” con rúbricas falsificadas y no con la firma electrónica como marca el contrato entre la EMT y Caixabank. Las declaraciones de los empleados M. A. V. y J. M. G. R. confirman que la verificación de las firmas de las órdenes de pago se hicieron, no con los apoderados de la cuenta, sino con entonces jefa de Administración, Celia Zafra, única investigada en la instrucción de la causa.
Además, las comunicaciones telefónicas con Zafra no fueron grabadas, tal como estipula el contrato de la EMT con el banco, precisamente para utilizar las grabaciones telefónicas en caso de un procedimiento judicial. La empresa municipal también reprocha a su entidad bancaria el incumplimiento de su protocolo de prevención del blanqueo de capitales: “Los empleados en ningún momento comunicaron internamente a los otros empleados que habían intervenido en la operación, ni a ningún superior jerárquico”. Y todo ello a pesar de las dudas iniciales sobre la autenticidad de las firmas, que aparecían visiblemente pixeladas, y de que la EMT no estaba autorizada a operar en China.
De hecho, tal como informó este diario, la alerta interna del banco tardó 17 días en saltar. La testigo M. A. V. explicó al juez las dudas sobre la disparatada operativa, inédita hasta ese momento, que planteaba Celia Zafra telefónicamente. La empleada no comentó las sospechas al gestor de la cuenta de la EMT “porque no estaba obligada a comunicárselo”, según declaró ante el instructor.
El gestor, J. M. G. R., tampoco comunicó los abundantes indicios de fraude ni a sus superiores jerárquicos ni al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales ya que no era su función, según dijo ante el juez, porque existen “uno o varios departamentos en el banco que gestionan este tipo de comunicaciones”. La declaración del gestor “entra en contradicción con el protocolo de política corporativa” de Caixabank, según reza el escrito de la EMT.
“Tampoco se realizaron las comprobaciones mínimas que sustentarían la diligencia necesaria del empleado, como indagar sobre la operación internacional en China”, agrega la letrada de la empresa municipal.
En definitiva, la EMT considera que la “actuación negligente de Caixabank por infracción a su deber de control constituyó un factor esencial tanto en las fases de consumación como de agotamiento del delito de estafa”. “La conducta de los empleados de la entidad bancaria contribuyó de manera significativa al perjuicio ocasionado”, apostilla el escrito.
La representación de la EMT insiste en solicitar la formación sobre blanqueo de capitales que hubieran recibido los trabajadores de la entidad bancaria que declararon como testigos, así como los protocolos internos en la materia. Esta última documentación ya fue solicitada durante la instrucción sin que Caixabank la haya aportado de momento (sólo aportó el protocolo del SOBI).
La trama del fraude del CEO a la EMT ha supuesto un verdadero dolor de cabeza para la entidad bancaria. Una revista interna de Bankia, entonces en la competencia, llegó a celebrar la actuación de sus empleados que, el primer día de la estafa, declinaron las peticiones de Celia Zafra para efectuar una transferencia a China al sospechar de la operativa. La publicación, tal como informó este diario, elogiaba a los empleados por haber evitado un “importante daño reputacional” que finalmente ha asumido Caixabank. La EMT ha pedido que se incorpore a la instrucción este documento de la revista 'Somos Bankia'.