A golpe de contactos políticos y al calor del dinero de las adjudicaciones públicas muchos empresarios labraron sus imperios durante la burbuja del ladrillo. Pero pocos llegaron al extremo al que llegó el constructor Enrique Ortiz Selfa (1960, Grañén, Huesca). Auténtico dueño de Alicante, es el ejemplo paradigmático de cómo el capitalismo de amiguetes infestó de corrupción a partidos políticos y empresarios.
“Quién tiene un amigo, tiene un tesoro”, ha sido su filosofía para tener éxito en los negocios. Y hasta que la justicia y el cambio político en la Comunidad Valenciana se cruzó de por medio no le falló casi nunca. Implicado en numerosas causas judiciales cómo 'Brugal' y 'Gürtel', la cercanía de la cárcel le ha obligado a confesar la financiación ilegal del PP valenciano. Uno de los muchos capítulos de la caída en desgracia de quién se autocalificó en una conversación interceptada por la policía como “la polla insaciable”.
Dueño de Alicante
Ortiz heredó tras la muerte de su padre y después de estudiar en los jesuitas -allí coincidió con el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll-, la empresa familiar. Durante los años 80 las sombras de pactar precios y conseguir adjudicaciones con bajas temerarias ya empezaron a planear sobre él, pero no fue hasta la llegada del socialista Ángel Luna a la alcaldía de Alicante cuando empezó a realizar trabajos de forma habitual para el Ayuntamiento. Luna acabó trabajando para Ortiz. Pero rompió con el constructor tras denunciar la financiación irregular del PPCV.
Pese a sus trabajos con los gobiernos socialistas, fue con el PP cuando se convirtió en el señor del ladrillo en Alicante. Como la mayoría de constructores de la época, adquirió uno de los dos equipos de fútbol de su ciudad: el Hércules CF. Lo hizo por recomendación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi (PP) y el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. La compra le abrió las puertas de muchos negocios. Entre ellos, la remodelación del estadio del equipo, el Rico Pérez, bajo sospecha por un presunto pacto entre la exalcaldesa Sonia Castedo y el promotor.
La primera incursión que realizó Ortiz en el campo de las adjudicaciones públicas de gran volumen fue en 2001, al conseguir en unión con FCC y Cespa (filial de Ferrovial) la concesión de la recogida de la basura. En 2015 gestionaba tres de las cuatro principales contratas de Alicante: la recogida de la basura -calificada como la supercontrata del siglo-, la del mantenimiento del cementerio y la de la limpieza de colegios y dependencias municipales. Los empresarios de Alicante no se presentaban a los concursos por sus anomalías. Y cuando dimitió Castedo uno cada cinco euros del Ayuntamiento iban a parar al bolsillo de empresas vinculadas con Ortiz.
Pero el constructor fetiche del PP, no solo trabajó en Alicante. Aventuras en empresas mixtas promocionadas por exconseller encarcelado por robar el dinero de cooperación, Rafael Blasco; participar en el plan parcial de La Condomina en Murcia y en la llegada de Ikea a la capital; construir carreteras en Valencia adjudicadas por uno de los presuntos cabecillas del saqueo de Emarsa; negocios casi en régimen de monopolio con el sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, Vicente Cotino, en las residencias de personas mayores; o prestar servicios de forma habitual en el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) en tiempos de Jesús Sepúlveda, marido de la exministra Ana Mato e implicado en 'Gürtel', fueron otros de sus negocios fuera de tierras alicantinas.
A base de favores y regalos
Propietario del 70% del suelo de Alicante, la construcción fue la pata sobre la que edificó el imperio del Grupo Cívica, que multiplicó por cinco los activos en una década, superando en 2010 los 1.000 millones de euros. Y lo hizo gracias a sus amistades políticas forjardas a base de regalos. Según el sumario del caso 'Brugal', Castedo recibió varios viajes de Ortiz -algunos con el yate particular del empresario-, cazadoras de Carolina Herrera y un Mini Cooper, que cedió a su niñera; a Alperi le regaló varias viviendas para sus hijos, un viaje en el jet privado y botellas de Dom Perignon; y a Ripoll, por la adjudicación de la gestión del vertedero más al sur de Alicante, le invitó a viajes de lujo.
Otros ediles 'populares' también recibieron regalos. Y no solo del PP. Según los informes policiales de 'Brugal', Blas Bernal, exconcejal del PSOE, recibió un velero del constructor, las empresas del promotor ejercieron de agencia de colocación de familiares de ediles -por ejemplo, el marido de Castedo- y cargos públicos de todo signo se beneficiaron de tarjetas para estacionar gratis en los aparcamientos que gestionaba el constructor.
La operativa de los regalos la repitió con la cúpula de las extintas Bancaja y Banco de Valencia. Les invitó a recorrer la costa de Alicante con su barco. Viajes que, según los audios de la policia, pudieron albergar juergas sexuales. Meses antes el constructor había ganado 86 millones de euros con ventas de activos de dichas entidades. Implicado en un presunto fraude fiscal relacionado con una operación inmobiliaria en la playa de San Juan de Alicante, también hizo negocios con la antigua Caja Mediterráneo (CAM).
Por estas prebendas a los políticos alicantinos, Ortiz está imputado por fraude, cohecho y tráfico de influencias, acusado de favorecerse de los amaños del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. Operaciones urbanísticas que, según un informe de Bankia, le generaron 320 millones de euros durante el mandato de Castedo. El mayor 'pelotazo' del empresario -cifrado en 97 millones de euros- lo iba a realizar con la llegada de Ikea a Alicante. “Te gustó tener un amigo mafioso, ¿eh?”, es una de las frases que le dice al responsable de Ikea, según las grabaciones de la policía.
Ortiz también cosechó sus buenas relaciones con el PPCV. De ahí, su procesamiento en Gürtel junto a nueve empresarios más por financiar supuestamente de forma ilegal al PP del expresidente Francisco Camps. El constructor está acusado de donar supuestamente 300.000 euros a la mercantil que organizaba los actos de los 'populares', Orange Market, la franquicia de la Gürtel en tierras valencianas. Participó, además, en la agrupación de interés económico que tuvo un pequeño porcentaje de uno de los grandes proyectos del PP: Terra Mítica.
Caída al ostracismo
Su suerte se ha truncado en el último año. La dimisión de Castedo le despojó del contrato de la limpieza municipal y la llegada de la izquierda a Alicante le ha quitado sus privilegios. Paralizada el ATE de Ikea por el Consell bipartito de PSPV-PSOE y Compromís -que le obligaría si no sale adelante a devolver los más de 90 millones ingresados- y con muchas causas judiciales pendientes, Ortiz ha querido confesar. Síntoma de la caída del empresario que se manejó con hilo directo por los despachos de Alicante, Valencia y Madrid.