Entidades de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas han instado a la retirada “inmediata” de la ley de concordia registrada por PP y Vox en las Corts, al considerar que equipara el franquismo con la dictadura y olvida a víctimas como los bebés robados, las mujeres encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer o los abusos cometidos por la Iglesia católica.
“El olvido es un aliado de la impunidad”, han señalado algunos de los comparecientes que han intervenido en la comisión de Justicia de las Corts, dentro de la fase de participación ciudadana de la ley. Además, han advertido que la proposición no hace referencia a la educación de la memoria democrática.
Por contra, representantes de otras asociaciones como Plataforma NEOS o Abogados Cristianos se han mostrado a favor de la ley de concordia, ya que creen que ayudará a equiparar a todas las víctimas por igual y a no limitarse a las de la dictadura franquista.
El inicio de la fase de participación ciudadana ha coincidido con el informe de tres relatores de la ONU instando al Gobierno a tomar medidas para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, al entender que pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” del franquismo.
Entre los que se han posicionado en contra, Ángel González (Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica) ha advertido que “no se puede equiparar un régimen de terror y asesinatos masivos como la dictadura” franquista con la democracia. “No hay dos bandos: el único bando es el de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, ha recalcado.
Matías Alonso (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) ha acusado a PP y Vox de querer blanquear el franquismo y presentar la Segunda República “como si fuera el reinado del diablo”, lo que a su juicio supone ir en contra de toda la historiografía moderna.
Banco autonómico de ADN
Desde la Asociación de víctimas de Alicante de bebés robados y adopciones irregulares, Paco Alarcón se ha mostrado “alarmado” porque la ley no hace “ninguna mención a las víctimas de bebés robados” y se ha preguntado “cómo es posible en un estado democrático”. También ha exigido que se mantenga la labor de recogida de muestras de víctimas en el banco autonómico de ADN.
Como representante de FISABIO, fundación donde se lleva a cabo este trabajo, Lucía Martínez ha destacado que es una tarea “titánica” que ha permitido localizar a más de 600 víctimas y casi 900 familiares, por lo que ha instado a que se mantenga para no echar a perder el dinero invertido hasta ahora.
Al respecto, ha asegurado que este pasado jueves pidió al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que se comprometiera a mantener esta tarea, durante el acto de firma del convenio colectivo de los investigadores biomédicos.
Por parte de la Plataforma d'associacions de familiars del franquisme de les fosses comunes de Paterna, Isabel Gómez ha rechazado al “ambigüedad” de la ley respecto a las exhumaciones, al limitarse a hablar de “lugares de concordia”, y ha exigido mantener la Ley de Memoria Democrática de 2017 porque fue con esa norma cuando se abrieron las primeras fosas.
Memoria o “amnesia selectiva”
La periodista María Palau --autora del libro 'Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià' junto a Marta García Carbonell-- ha denunciado que la ley no menciona a las mujeres que fueron encerradas por el Patronato, una institución que estuvo activa entre 1941 y 1985, en espacios regentados por órdenes religiosas a las que “nadie ha pedido explicaciones”.
“Ni la Iglesia ni el Estado han pedido perdón a estas mujeres. Nadie ha pensado en ellas, la Transición no ha pensado en ellas”, ha aseverado, y ha instado a los diputados a elegir “de qué lado quieren estar: si en el de la memoria de las víctimas o en el de la amnesia selectiva”. Además, ha citado a todos los reformatorios de la Comunitat que “siguen haciéndose cargo de mujeres” en situación de vulnerabilidad.
El profesor Luis Vivas, que imparte Historia en el colegio Sagrado Corazón de Quart de Poblet, ha lamentado que la ley “deja de lado la educación” cuando “falta formación específica en memoria democrática en todas las etapas”. “A Formación Profesional llegan alumnos sin haber dado nunca el siglo XX”, ha ilustrado, y ha exigido no utilizar una ley para “enterrar lo que nos pasó”.
Entre los grupos parlamentarios, la diputada socialista Mercedes Caballero ha cargado contra “la proposición de ley de la infamia que homologa el franquismo con un sistema democrático como la Segunda República”, al tiempo que ha acusado a PP y Vox de querer “engañar a la ciudadanía” al hablar de igualar a todas las víctimas.
También de la oposición, Isaura Navarro (Compromís) ha advertido que la norma hace una mención especial a las víctimas del terrorismo “pero no regula nada que no esté en la ley vigente”. “Es una burda utilización del dolor que sufrimos toda la sociedad española”, ha aseverado.
Argumentos a favor
Entre los comparecientes a favor, Carlos Casañ --hermano de una víctima asesinada por ETA en 1991-- ha defendido que “todas las víctimas deben tener el mismo trato” sin que haya “víctimas de ningún color político”, al tiempo que ha apoyado que la ley esté vigente hasta la actualidad y no solo hasta la Transición.
En representación de Abogados Cristianos, Ana Pontón ha sostenido que la ley de 2017 era “muy sectaria y olvidaba a gran parte de las víctimas”, mientras según ella la de PP y Vox servirá para “terminar la persecución de los símbolos religiosos”.
José Landete (Plataforma NEOS) ha afirmado que “la sociedad valenciana no puede vivir permanentemente en la amnesia” y la ley debe “ayudar a reconciliarnos” sin “fronteras ideológicas”. “¿Por qué se empeñan en que haya dos tipos de víctimas?”, ha cuestionado a la oposición.
Por su parte, el exportavoz de Memoria Democrática de Vox en el Congreso Francisco José Contreras ha respaldado la ley de concordia frente a la todavía vigente, que a su parecer genera una “visión sesgada” y “'orwelliana'” de la historia al “invisibilizar a las víctimas de derechas”.
Como directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica de València (UCV), Tamar Shuali se ha preguntado “quién somos nosotros para juzgar quién es víctima” y ha rechazado una “visión visceral” sobre la memoria. “¿Cómo esperamos concordia de los ciudadanos si nuestros representantes no logran generarla?”, ha lanzado a los diputados en una llamada a la “responsabilidad”.
Por parte de los grupos que sustentan al Consell, la 'popular' Marisa Gayo ha defendido que la ley busca “equiparación en lugar de revanchismo”, ha preguntado a la oposición si “quieren devolvernos al blanco y negro” y les ha instado a “abrazar la España de 1978 y dejar de mirar con nostalgia el pasado”.
Y el diputado de Vox David Muñoz ha asegurado que la ley reconoce a todas las víctimas, según él también a los bebés robados y a las mujeres encerradas por el Patronato. “El papa Francisco está pidiendo muchas explicaciones y la Iglesia no es la única institución donde se han producido estas situaciones”, ha dicho al respecto.