El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decreta el archivo del caso abierto contra los organizadores del 25-S al entender que no hay delito alguno, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
Me alegro sobremanera del archivo de la causa pero me preocupa que, también los jueces, se sumen al discurso de la convenida decadencia de la denominada clase política. Puestos a hablar de decadencia, tampoco estaría de más analizar la de la denominada clase judicial. Por poner un solo ejemplo, reciente y a cuenta de la misma temática, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce proponía en estos días “reprimir a todos aquellos que utilizan los derechos de la libertad de expresión, de reunión o de manifestación para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de derecho”. Una sugerencia para el señor fiscal: reprima alguna reunión del Consejo de Ministros o del Consejo General del Poder Judicial. No se me ocurre reunión en los últimos tiempos que socave de manera más grave los cimientos del Estado de derecho. ¿O sí? Tal vez alguna de esas reuniones en la que los dueños de las grandes empresas se reunen para –según la agenda pública– buscar soluciones a la crisis y –según la agenda no publicada– para buscar maneras de seguir exprimiendo a la clase trabajadora (nótese que en este caso no antepongo la palabra denominada a la palabra clase).
Me preocupa que sea un juez el que lo diga, pero me preocupa especialmente que ese discurso, el de la decadencia de la denominada clase política, se extienda como la pólvora entre aquellos que salen a la calle a protestar porque la situación es insostenible. Porque no creo en ese concepto, el de clase política. Del mismo modo que no tengo dudas de que grandes empresarios y financieros conforman una clase, homogénea y con intereses comunes, estoy convencido de que los políticos (y las políticas) no la conforman. Los hay que defienden los intereses de esa clase denominante, y tristemente son la mayoría, pero también los hay que defienden (con errores a veces, por qué no reconocerlo) los de la clase trabajadora.
Meterlos a todos (y a todas) en un mismo saco beneficia, sin dudas, a una de las dos clases. Y no precisamente a la trabajadora. Escuchar los discursos incendiarios contra la denominada clase política en tertulias televisivas de la extrema derecha es absolutamente esclarecedor. Que la Secretaria General del Partido Popular no haya presupuestado salario para los diputados autonómicos de la Comunidad que preside también.
Como explicaba de manera acertada Julià Álvaro hace unos días en esta misma tribuna, la solución a la enorme estafa a la que han convenido en denominar crisis es política. Denigrar a la denominada clase política como un todo, sin ser consciente que en su seno están quien defienden los intereses de las clases sociales realmente existentes y en lucha, es hacer el caldo gordo a los que en sus reuniones no publicadas se frotan las manos pensando en como exprimirnos la próxima gota de sudor.
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