Justo un año después de que Francisco Camps accediera al Tribunal Superior de Justicia en la primera jornada del juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel, el magistrado José Ceres, encargado de la instrucción de todo el procedimiento, ha hecho público el auto con el que ha puesto fin a la instrucción de una nueva pieza del caso. En esta ocasión, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.
En la resolución —contra la que cabe recurso de las partes en un plazo de diez días (antes de que, de no prosperar, se abra juicio oral)— el magistrado ha determinado procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret (ya condenado en la causa de los trajes), por presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Los tres ocupan actualmente escaños de diputados del Partido Popular en Les Corts.
Además de ellos, el instructor también aprecia indicios de los mismos delitos en Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT), Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) y Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT). A su vez, a Martínez y a Such también les atribuye un delito de cohecho pasivo; a Betoret, Vidal, Guarro y Grau, un delito continuado de malversación de caudales públicos; y a Grau y a Vidal, un delito de falsedad en documento oficial.
Junto a ellos, Ceres también considera que hay indicios delictivos en los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, todos por parte de Orange Market, en los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación, continuado de malversación de caudales públicos y/o fraude a la Administración Pública, y falsedad en documento oficial. Además, el instructor aprecia indicios de cohecho activo continuado en Pérez, Crespo y Correa.
De todas las personas imputadas e investigadas durante la instrucción, el magistrado tan solo ha decidido sobreseer la causa contra cinco de ellas: Dora Ibars, la que fuera directora general de Promoción Institucional en Presidencia hasta el pasado 26 de octubre; José María Casas, ex jefe de Contratación de la AVT; José Luis Izquierdo, ex contable de las empresas de Correa; y Mercedes Orts y Rocío Perea, ex trabajadoras de Orange Market.
Del oropel a los juzgados
El lujo y el oropel con el que el ejecutivo de Francisco Camps revistió su mandato —en este caso el que se encarnó en el stand promocional de la Comunitat Valenciana en Fitur, que fue motivo de orgullo por parte del Consell en aquella época, mientras —como se ha publicado en numerosas ocasiones— desviaba a las cuentas del entramado Gürtel sumas millonarias de dinero público—, aproximan a los juzgados, de nuevo, a sus artífices.
El magistrado José Ceres, en un auto con 153 páginas que analiza año por año las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market S.L., apunta a que, de los datos obtenidos en la investigación, se desprende un “propósito de favorecimiento” en la adjudicación de los concursos de Fitur 2005 a 2009 a Orange Market, y todo ello mediante la creación y correlativa aplicación 'ad hoc' dentro de los pliegos de contratación.
El juez afirma que que se hizo una “drástica alteración” en los pliegos de contratación respecto a los existentes hasta 2005, de cara a primar e introducir una serie “amplias dosis de ambigüedad e indefinición en los denominados criterios subjetivos”. Un hecho que permitió —según apunta— que se pudieran dar adjudicaciones a la trama a través de Orange Market, una entidad que acababa de constituirse a finales de 2003 y que carecía de una experiencia contrastada en este tipo de certámenes feriales. Todo esto, además de los regalos presuntamente ofrecidos por la trama a los cargos públicos y el modo en que se realizaron innumerables contratos por cantidades que superaron anualmente el millón de euros, componen a su parecer un “abanico y pluralidad de irregularidades” en la contratación administrativa y en la facturación; además de evidenciar unas relaciones personales “no habituales” entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades relacionadas, directa o indirectamente, con la contratación.
Al cierre de esta pieza, los diputados procesados mantenían su acta de diputados. Tampoco desde el Consell presidido por Alberto Fabra y sustentado con su respaldo y el de sus compañeros de filas, se ha realizado ninguna declaración pública al respecto.
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