“Pasar página” y “dar un paso adelante” han sido los términos elegidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra para justificar la remodelación en su gobierno anunciada este viernes. Una remodelación que, aunque no ha querido señalar abiertamente como un borrón y cuenta nueva respecto a la era de su predecesor en el cargo, Francisco Camps, sí se ha tratado de insinuar así por su entorno más cercano.
En lo superficial, del gobierno heredado de aquel –tras su dimisión para centrarse en su juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel- solo tres nombres (los de José Ciscar, Serafín Castellano e Isabel Bonig) permanecen, después de la salida del gobierno de Maritina Hernández, Lola Johnson, Jorge Cabré y Luis Rosado, en un ejecutivo que ha reducido de diez a ocho su número de integrantes.
En lo profundo, en cambio, determinar un criterio uniforme para justificar permanencias y salidas resulta más difícil. Lola Johnson es, de las destituidas, la conseller con un perfil más campsista; por encima de Maritina Hernández, ambas en el gobierno desde 2007. Sin embargo, la salida de consejeros como Luis Rosado o Jorge Cabré podrían considerarse un pago por sus polémicas gestiones. El primero, con su fallido intento de privatización de la Sanidad (aún por resolver) y su administración de los impagos al sector farmacéutico; el segundo, por su gestión de los impagos a discapacitados y dependientes, que tiene a todo el sector en pie de guerra.
No obstante, la permanencia en sus puestos de Isabel Bonig y Serafín Castellano –también nombrados por Camps-, tan solo unos meses después de los incendios del pasado verano (los mayores en dos décadas) y tras años de recortes en sus respectivas áreas, pone en entredicho que la renovación, “el punto de inflexión” al que Fabra hizo referencia en su rueda de prensa, sea del todo cierta. Cabe recordar que la salida fundamental, la del conseller de Hacienda José Manuel Vela, se produjo la semana anterior fruto de una imputación, y no de su gestión política, que no sacó a la comunidad de la bancarrota, lo que ha evitado a Fabra posicionarse a favor de su permanencia, como ya hizo en diciembre del pasado año.
“Los mejores”
En el nuevo ejecutivo “he querido contar con los mejores”, ha señalado Fabra, tras anunciar las nuevas incorporaciones de Juan Carlos Moragues, al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; Manuel Llombart Fuertes, en la Consejería de Sanidad; y Asunción Sánchez Zaplana, en la cartera de Bienestar Social.
Moragues, licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas y Derecho, y hasta hoy era delegado de la Agencia Tributaria en la provincia de Castellón, será pues el encargado de lidiar con los proveedores de una Generalitat asediada por los impagos; mientras que Llombart Fuertes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología desde 1997, parece llamado a asumir el proceso de privatización de la gestión de la Sanidad, que en principio es competencia de su administración. Finalmente, la alicantina Asunción Sánchez Zaplana, hasta hoy teniente de alcalde y concejala de Acción Social y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante (desde 1999), heredará el malestar de los sectores de la discapacidad y la dependencia, con unos impagos que no se pueden prorrogar más.
Tras el recorte de carteras, cabe destacar que será el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, quien asuma las competencias de Agricultura; mientras que Serafín Castellano, que con sus delegados reforzó la proclamación de Alberto Fabra como presidente del PPCV, sumará a su gestión del área de Gobernación la de Justicia. Por último María José Català y Máximo Buch recogerán las áreas que se englobaban en la desaparecida Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, sumándose Cultura y Deporte a la cartera de Educación, y Turismo a la de Economía.
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