Para Bruselas el cambio demográfico es ya uno de los mayores retos a los que se enfrenta una Europa en la que, según las cifras publicadas por Eurostat, un tercio de los ciudadanos europeos serán mayores de 65 años en 2080. Esta es una de las conclusiones más alarmantes que aporta un estudio presentado por los socialistas en el Parlamento Europeo y que advierte también que la ratio actual entre población en edad laboral y población de edad avanzada, se reducirá y pasará de la actual 4 a 1 a la de 2 a 1 en las próximas décadas.
Para tratar de corregir esta situación, el Parlamento Europeo ha aprobado como objetivo prioritario el diseño y aplicación de los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en las regiones más afectadas por la despoblación. Más concretamente, el artículo 8 de dicho programa, el cual estable que un mínimo del 5 por ciento del Feder sea destinado a zonas con desventajas demográficas. Además, el artículo 10 incorpora la posibilidad de asignar un fondo específico en los acuerdos de asociación entre la Comisión Europea y los Estados miembros para luchar contra el reto demográfico europeo.
La aprobación del Reglamento sobre el Feder y el Fondo de Cohesión, sitúa la política de cohesión en el corazón de la lucha contra la despoblación. Para los socialistas europeos, impulsores de la moción, es fundamental para el medio rural “que las diferentes políticas europeas y, en particular la política de cohesión, se conviertan en un instrumento fundamental para dar esperanza a todos los pueblos que hoy están agonizando”.
Un peligro palpable
En muchas zonas del interior de la Comunitat son, desde hace tiempo, muy conscientes de aquello que alerta Bruselas, pero también en muchos otros puntos de un Estado que se está quedando hueco. La despoblación y el mundo rural se han convertido, al menos durante el periodo electoral, en parte destacada del discurso político de algunos partidos en campaña. Los desequilibrios demográficos que durante años se han venido advirtiendo -y que en la Comunitat se notan principalmente a las comarcas del interior de Castelló- afecta ya a un tercio de Europa y avanza con una intensidad que alarma en Bruselas.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, reafirmaba la semana pasada, durante la jornada “Per un món rural viu”, la intención de los socialistas de intensificar la agenda valenciana contra la despoblación ante una situación en donde “en el 85 por ciento del territorio sólo vive el 15 por ciento de la población”. Puig manifestó así la voluntad del PSPV por profundizar en el decreto ley aprobado en febrero y que se traduce en ayudas por valor de 240 millones de euros -durante el periodo 2019-2023- para los municipios de la Comunitat en riesgo de despoblación.
Interior sin futuro
Desde los sindicatos se viene alertando de la cada vez más acusada desaparición del tejido industrial tradicional que ha venido vertebrando las comarcas centrales y de interior. Hay sectores históricos como el textil o el mueble que prácticamente han desaparecido y otros, como la naranja, están sufriendo mucho.
A estas complicaciones hay que añadir el peligro que supone la automatización, la deslocalización o la falta de comunicaciones y servicios propias de las zonas de interior. Esto ha llevado a que muchas pequeñas empresas, que servían para asegurar el futuro en las zonas más castigadas, hayan desaparecido.
Esta misma semana, la firma textil Marie Claire anuncia el despido “pactado” de 100 de sus 600 trabajadores en las localidades castellonenses de Vilafranca y Borriol. Desde CCOO reiteraban la necesidad de que la Administración actúe para asegurar la viabilidad de empresas que garantizan la continuidad demográfica.