El ex vicealcalde de València y considerado mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, participó en al menos ocho tramas de corrupción urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer y de empresas de su grupo (Axis) desde el año 2003 al año 2013.
En uno de los autos en los que la Justicia española reclama información bancaria a las autoridades de Inglaterra, la instructora del caso Azud realiza una radiografía de la operativa corrupta que supuestamente siguió durante lustros Alfoso Grau para lucrarse a cambio de favorecer a empresarios de la construcción.
Grau, de 83 años, ha sido condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho en otra causa, la del caso Imelsa, y en octubre de 2023 recibió condena firme por cohecho en otro caso aparte, concretamente por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.
En el caso Azud, que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de València, se ha investigado la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV-PSOE, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa a la supuesta mediación de Grau para lograr beneficios urbanísticos para los promotores investigados.
El que fue vicealcalde de València entre 2002 y 2015 y presidente de la entidad pública para iniciativas urbanísticas Aumsa “fue sobornado por varios empresarios, que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos”.
“Uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con entrega de grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones fue Jaime María Febrer. La investigación ha podido constatar la participación del investigado -Alfonso Grau- en al menos ocho tramas a favor del empresario”, detalla la jueza en uno de los escritos que constan en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.
En la investigación se destaca que el empresario “cohechador” (sic) Febrer “no sólo realizaba los sobornos a Alfonso Grau, sino que dichos sobornos alcanzaban a otros funcionarios públicos o intermediarios en el amaño de las contrataciones públicas”.
A juicio de la instructora, Grau “faltó a su deber de lealtad como funcionario público” y “amañó varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer, perjudicando los intereses del Ayuntamiento de València”.
Este promotor utilizó sociedades 'offshore' para abonar las mordidas a Grau, concretamente una radicada en Panamá, “de tal forma que se dificultase averiguar el origen del pago”.
Ayuda familiar para ocultar y blanquear el dinero
La segunda actividad delictiva que se imputa a Grau en esta macrocausa de corrupción urbanística es el blanqueo de capitales, un delito en el que colaboraron, según la jueza instructora, sus dos hijas María Ángeles y Sofía y sus dos yernos, Kent Baker y Eugenio Cámara, respectivamente.
“Grau hizo participar en la tarea de ocultación del dinero a sus hijas y a sus maridos. En España, la actividad de lavado de capitales Grau la centró en la introducción en sus cuentas, de pequeñas cantidades de dinero, de tal forma que entre 2002 y 2014 realizó imposiciones en efectivo en sus cuentas y las de sus hijas por 412.725 euros, siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros, es decir, que no estaban sujetas a control financiero o administrativo”, detalla la jueza en el referido auto.
En este mismo periodo, el ex vicealcalde de València alquiló tres cajas de seguridad en el BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas.
De forma similar, su hija María Ángeles realizó sucesivos ingresos de menos de 3.000 euros en una cuenta en España del Citibank en la que estaba autorizado su marido, Kent Baker. Y en referencia a este proceso la instructora advierte que “ni ella ni su marido -residentes en Wisconsin (EEUU)- desarrollaban actividad empresarial, industrial o comercial alguna en España que les permitiese disponer de ese dinero.
Los fondos obtenidos en esa cuenta española fueron transferidos a otra radicada en Estados Unidos.
Respecto al pago de los sobornos que recibió la familia Grau, la investigación a constatado que buena parte salieron de la sociedad Panameña Edimboro, que gestionaba fondos depositados en Suiza.
Sociedades pantalla
Esta sociedad es considerada por la instructora un “instrumento del delito”, por “carecer de actividad comercial alguna” y haberse dedicado exclusivamente al pago de “los sobornos por el amaño de contrataciones públicas”.
“Teniendo Alfonso Grau una cuenta abierta en JP Morgan (EEUU), no emplea la consignada a su nombre para recibir los sobornos, sino la de su hija y yerno, velando el destinatario real del pago del soborno, como también es ocultado el nombre del sobornador, que emplea para ello una sociedad panameña y dinero radicado en una cuenta en Suiza”, subraya la magistrada.
En esta parte del relato, la jueza considera “especialmente relevante la actividad que se realiza en la ciudad de València durante los años 2006 a 2009 como consecuencia de los eventos de la Fórmula 1 y de la Copa América”.