El exconseller Rafael Blasco ha insistido en su inocencia en el turno de última palabra del último juicio que le queda pendiente por los contratos de informática con su presunta testaferro, el empresario Augusto César Tauroni. Los otros acusados han alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.
Así, el exjefe de informática de la Conselleria de Solidaridad y Cooperación, Javier Murcia, ha aceptado una pena de un año de prisión; la exsecretaria general de la conselleria, Tina Sanjuán, ha aceptado la misma pena, y el empresario Augusto César Tauroni, un año y tres meses. Blasco se enfrenta a una petición de pena por parte del Ministerio Público de dos años y ocho meses de cárcel por un presunto delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración.
Las empresas interpuestas en el amaño de los contratos recibían una comisión de alrededor del 7% del total de la adjudicación, según la instrucción del caso. Blasco, condenado en otras tres piezas, ha dicho que nunca sugirió “nada contrario a la ley”.
Por su parte, el empresario ha leído un texto en el que se disculpaba con sus padres por el sufrimiento causado y con la sociedad por la confianza dañada y a las instituciones públicas. “Este es el último proceso de un larguísimo calvario que he pagado con creces. Los años en prisión te hacen comprender las cosas que son importantes en la vida: la familia y la libertad. Confío en seguir adelante. Cometí un error, lo siento”, ha afirmado Tauroni.
Tina Sanjuán ha manifestado: “Ha sido tremendo desde el punto de vista familiar, personal, emocional y económico. Lo único que quiero a partir de hoy es descansar, olvidarme de todo lo que ha pasado y estar en paz conmigo misma y con la sociedad”.
El letrado del exconseller, Javier Boix, se ha mostrado muy crítico con la Fiscalía Anticorrupción y ha dicho que las conformidades del resto de los acusados han sido de “conveniencia”. “No todo vale. Hay gente que actúa en defensa de su pellejo y si le dicen que tiene que entrar en la cárcel, dice todo menos la verdad”, ha afirmado el penalista, quien asegura que su cliente ha sufrido una “persecución prospectiva”.