María José Catalá, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, no ha hecho público su sueldo como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que vendió a finales de 2013 al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación del último Ejecutivo autonómico popular. El procedimiento de diálogo competitivo para la ampliación del capital de la fundación de la que dependía la universidad online, en la práctica una privatización, también estuvo caracterizado por su opacidad, con cláusulas de confidencialidad y con severas reticencias por parte del entonces rector, Juan Manuel Badenas.
Badenas, actualmente catedrático de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, firmó ante el notario Alejandro Cervera un documento que revela las serias dudas del entonces rector de la VIU sobre el proceso. En un correo electrónico dirigido al entonces director general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, Emilio Torrejón, Badenas advirtió: “Se están detectando posibles irregularidades”. Se refería al procedimiento de diálogo competitivo (la opción elegida para la venta de la VIU). Esas irregularidades, en su opinión, “podrían causar perjuicio a los intereses” del centro docente y de la fundación de la que depende, “al Gobierno valenciano y al futuro inversor privado que entre a formar parte del capital de esta universidad”.
El documento notarial, al que ha tenido acceso elDiario.es, llega a sostener que la entonces consellera de Educación, María José Catalá, mintió a los miembros del patronato de la fundación de la VIU cuando afirmó que la Abogacía respaldaba la modalidad de diálogo competitivo para el procedimiento. El acta detalla la reunión del 5 de febrero del 2013 en la que Catalá, consellera y presidenta del patronato, pone en conocimiento de los demás miembros que para llevar a cabo el proceso se siguen las instrucciones de la Abogacía mientras que el entonces director general de Universidades, José Miguel Saval, manifiesta que “se ha considerado apropiado seguir el procedimiento de diálogo competitivo”.
Un mes más tarde, el 7 de marzo, la entonces consellera de Educación informa a los patronos de que la Abogacía de la Generalitat Valenciana “está supervisando el procedimiento de entrada de capital privado en la Universidad” y que ha recomendado el procedimiento de diálogo competitivo, “en el que no existen pliegos al no ser una licitación”. En esa reunión, según las actas, el rector Juan Manuel Badenas pregunta si “cabe la posibilidad de que antes de que se culmine el proceso el patronato pueda tener conocimiento de todo”.
La respuesta, lejos de arrojar algo de luz sobre el proceso al mismísimo rector, se escuda en las “condiciones de confidencialidad” que obligan a informar al patronato de la fundación “a la finalización de cada una de las fases del procedimiento”. El asesor económico de la VIU, Germán Marco, pide que la Conselleria de Educación autorice a los inversores interesados a que obtengan información “ya que las cláusulas de confidencialidad serán muy estrictas y habrá que cumplirlas”, según consta en el acta de la reunión.
En la primera fase del procedimiento la mesa técnica debía evaluar las ofertas recibidas. El 30 de mayo, el rector remite un correo electrónico al director general de Universidades en el que pide un dosier completo “con toda la información sobre el proceso de diálogo competitivo” ya que el comité de empresa de la VIU así se lo había solicitado.
Badenas indica en el acta notarial que no obtuvo respuesta por parte del alto cargo de la Conselleria de Educación. Sin embargo, el 30 de junio el rector envía un e-mail al director general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en el que le insta “fehacientemente” a que se ponga en contacto para aclarar el procedimiento y en el que avisa de “posibles irregularidades” que “podrían causar perjuicio a los intereses” de la VIU y de la propia Generalitat Valenciana.
Emilio Torrejón, entonces jefe de la Abogacía, contesta que el procedimiento ya fue iniciado por los órganos de la fundación, por lo que no puede pronunciarse sobre “cuestiones previas” sobre las que además “nunca fue consultado”. El letrado incluso recuerda a su interlocutor que la fundación “puede pedir asesoramiento jurídico externo”.
La contestación del director de la Abogacía, según destaca Badenas en el documento firmado ante notario, “es contradictoria” con las manifestaciones de María José Catalá en las actas del patronato. El entonces rector reconoce que, debido a su preocupación, se ha puesto en contacto “en diversas ocasiones de manera verbal” con la consellera popular, el director general de Universidades y el responsable de la Abogacía, “a los efectos de que se revise el procedimiento de diálogo competitivo” para confirmar su “idoneidad” de cara a la entrada de capital privado en la VIU.
“Todas mis actuaciones desde el comienzo del procedimiento (...) lo han sido en la creencia de que dicho procedimiento había sido informado favorablemente por la Abogacía de la Generalitat Valenciana”, concluye Juan Manuel Badenas, que también ha sido magistrado suplente de la audiencias provinciales de Valencia y de Castellón.
Máxima confidencialidad
El complejo proceso de ampliación de capital privado fue tan opaco que incluso el contrato del patronato de la fundación con la empresa Janus Antebo Asesores SL, encargada de la estimación técnica de valor de la VIU, era de la “más estricta confidencialidad”, según la documentación en poder de esta redacción. La resolución en la que María José Catalá anuncia el inicio del procedimiento del diálogo competitivo, con el asesoramiento de la consultora PwC, también recoge el “compromiso de confidencialidad”.
El proyecto de Francisco Camps fue un mal negocio (para las arcas públicas): costó 34 millones de euros y la venta pilotada por Catalá reportó casi 22 millones
En enero del 2014, apenas unos meses después de que el rector acudiera al notario, el Grupo Planeta se hizo con el 70% del accionariado de la VIU, con una oferta para invertir 17,8 millones de euros en cuatro años, además del pago de cuatro millones por la compra. El restante 30% del accionariado sigue en manos de la Generalitat Valenciana. El proyecto de Francisco Camps, una universidad privada creada en 2008 y bautizada en inglés, fue un mal negocio (para las arcas públicas): costó 34 millones de euros y la venta pilotada por Catalá reportó casi 22 millones, si se incluyen las inversiones comprometidas.
Poco después de la venta, Juan Manuel Badenas dimitió de su puesto de rector, según alegó, por el riesgo de perder su plaza de catedrático (la comisión de servicios de la UJI era para una universidad pública, una situación que cambiaba con la entrada de Planeta en la VIU). José Miguel Saval, el director general de Universidades que no contestaba al correo electrónico de Badenas, abandonó el PP en 2020 para entrar en Ciudadanos.
Y María José Catalá, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, además de diputada autonómica, sigue vinculada a la VIU como profesora asociada del área jurídica de la universidad online. A pesar de que elude detallar el sueldo que percibe en la universidad cuya venta pilotó, los contratados doctores que imparten 24 créditos —tal es el caso de Catalá— cobran 7.300 euros.
Fuentes del grupo municipal del PP defienden que la venta se realizó “con escrupuloso seguimiento del procedimiento, atendido al sector público y a la Abogacía de la Generalitat Valenciana”. “Si alguien insinúa irregularidades”, agregan las mismas fuentes, “lo que debe hacer es acudir a un procedimiento judicial y obtener una resolución favorable a sus intereses. Todo lo demás es una guerra política e insinuaciones infundadas”.