Fabra fracasa en la liberalización de los horarios comerciales
El presidente de la Generalitat anunció en el debate de política general de las Corts Valencianes de septiembre de 2013 que una ley permitiría la libertad de horarios comerciales en toda la Comunitat Valenciana. Casi nueve meses más tarde, la promesa de Alberto Fabra es papel mojado.
La ley está en el dique seco y, parece, sin posibilidades de prosperar. Las asociaciones de pequeños comerciantes se oponen con firmeza – dicen que ni aumenta ventas ni genera empleo- y los ayuntamientos, los que en última instancia decidirían, no parecen por la labor. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acaba de anunciar que no tendrá más zonas –ahora hay cuatro- con capacidad para abrir a decisión de los comercios.
Otro alcalde del PP, el de Alfafar (Valencia), ha rectificado su decisión de permitir el trabajo de los comercios los domingos. Sede de una enorme zona comercial donde Ikea inaugurará su primer centro valenciano el 17 de junio, el ayuntamiento quería impulsar la libertad de horarios. Finalmente, ha rectificado ante la oposición de comerciantes y sindicatos.
Otros alcaldes del área metropolitana de Valencia con centros comerciales (Gran Turia, en Xirivella; y Aldaia, con Bonaire) tampoco quieren que se abra los domingos. Así, la actual legislación genera paradojas. Mientras que algunas grandes superficies de Valencia pueden abrir los domingos, la de Xirivella, pegada a la capital, no.
Un galimatías legal
Actualmente, todos los comercios pueden abrir los 10 domingos al año que establece el Observatorio del Comercio Valenciano, un órgano con participación de la Generalitat, los comerciantes y los consumidores. Además, las tiendas, si lo desean, pueden abrir en aquellas zonas declaradas de afluencia turística en base a la legislación estatal y tras petición previa de los ayuntamientos que cumplan determinados requisitos, por ejemplo, en número de plazas hoteleras.
Fabra quería ser más ambicioso y declarar toda la Comunitat Valenciana zona de gran afluencia turística para que los ayuntamientos pudieran, con facilidad, decretar la libertad de horarios. Auguraba un aumento de la competitividad y una dinamización de dos sectores (el turístico y el de servicios) básicos en la economía regional.
Las grandes superficies aplaudieron su iniciativa, al igual que las asociaciones de consumidores. Sin embargo, la oposición del pequeño comercio y los sindicatos y la falta de entusiasmo de los ayuntamientos ha congelado su intención. Como la prometida y nunca realizada traslación de los días festivos –San José, por ejemplo, a lunes- , la liberalización de horarios puede quedar en un bluf.
