El presidente de Feria Valencia, José Vicente González, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, coinciden en una cosa: A pesar de que Feria Valencia le quiere endosar sus 560 millones de euros de deuda a la Generalitat, gracias a cuyo dinero sobrevive, esa empresa es de carácter privado y no debe rendir cuentas ante organismos públicos.
La motivación de la alcaldesa es clara: lucha a brazo partido para evitar que las irregularidades detectadas en la Feria le puedan salpicar. Barberá, que no tiene funciones ejecutivas, es la presidenta del patronato de la institución, que, según los auditores de la Generalitat, ha podido provocar un agujero de 1.000 millones en los bolsillos de los contribuyentes. Si Feria Valencia, como defiende un informe del Consell Jurídic Consultiu, es una empresa privada, su responsabilidad se diluiría.
Los motivos de González, también presidente de la patronal valenciana Cierval, son otros. Llegado tras la comisión del pufo para enmendar el desastre, tiene un plan: la deuda de Feria Valencia irá a la Feria Mala, una sociedad de carácter público que tendrá la propiedad del recinto y la monstruosa deuda de la institución. La otra parte del negocio de Feria Valencia, la que podría ser rentable, será gestionada por una empresa de carácter privado. Ésta se encargará de la gestionar los certámenes, organizar eventos comerciales y de la explotación del recinto a cambio de un canon aún por determinar.
Si Feria Valencia fuera calificada de empresa pública como defiende, por ejemplo, la Sindicatura de Comptes, este plan podría ser irrealizable o, al menos, dilatarse. Barberá, además, podría ser políticamente responsable de desaguisado. Mientras, la Fiscalía ha abierto una investigación penal tras las anomalías detectadas en la institución por la intervención de la Generalitat.
Una gestión ruinosa
Los profundos cambios en Feria Valencia se producen por la situación ruinosa de Feria Valencia, gestionada hasta octubre del año pasado por Rafael Catalá, un hombre de confianza del PP valenciano. Catalá impulso en 2001 una macroampliación del recinto, que ahora es el más grande de España, que costó, no sin varias modificaciones presupuestarias al alza, 650 millones de euros.
Los planes de negocio que justificaban esa inversión nunca se cumplieron. Es más, la situación de Feria Valencia es crítica. Despidió a 100 trabajadores en 2011 y ahora prepara otro ERE que podría reducir la mitad de la actual plantilla, de 190 empleados.
Con habituales problemas de liquidez, la empresa –de gestión opaca con Catalá pese a su carácter semipúblico- lleva años en pérdidas: 2,7 millones de euros en 2009, 9 en 2010, 7,6 en 2011 y hasta 9 en 2013. Con su actual estructura, era inviable, según fuentes empresariales, que califican los cambios ahora en marcha de “imprescindibles”.
La ampliación de la Feria, inaugurada en 2006, se financió básicamente con la emisión de obligaciones de cuyo principal responden casi al 50% la administración autonómica y la propia Feria.Como ésta no ha podido hacer frente a su parte, la Generalitat ha tenido que cubrirla. Sólo en 2013, la Conselleria de Hacienda presupuestó el pago de 30 millones de euros para pagar la ampliación del recinto. En 2012, como en años anterior, le inyectó 34 millones. No extraña que la Generalitat vaya hacia la bancarrota.