“Fernando Urruticoechea es de los servidores públicos cuyo ejemplo ético debería estudiarse en las escuelas de administración pública y en la formación anticorrupción”. Así describía en redes sociales Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, al que ha sido interventor, entre otros ayuntamientos, de Crevillent, donde denunció prácticas corruptas. Precisamente, hace apenas unos días se conocía el escrito de la Fiscalía en el que pide cinco años y diez meses de prisión para el exalcalde de esta localidad alicantina, el popular César Augusto Asencio, por el amaño de contratos municipales.
“La arbitrariedad era la norma en la gestión del ayuntamiento de Crevillent”, declaró en su día el exinterventor de Crevillent tras declarar ante el juez, para añadir que la corrupción “estaba instalada en el Ayuntamiento con la complicidad generalizada entre los funcionarios”, con la participación de los empleados públicos en “tráfico de regalos, influencias, amiguismo y clientelismo”. Tal y como apunta Urruticoechea, entre los encausados para los que el fiscal solicita diferentes penas se encuentra “la guardia pretoriana del Faraón [Asencio]”, en referencia a la secretaria municipal, la interventora que le precedió y le sustituyó y la jefa de Contratación. Los describe así: “El 'tridente' que, junto al tesorero, asesoraron técnicamente al alcalde como mercenarios en sus acusaciones contra mí”.
Fernando Urruticoechea (Bilbao, 1954), que ha ejercido como interventor en los consistorios de Galdácano, Ermua, Leganes Castro Urdiales, Crevillent y Orihuela, fue galardonado en 2016 con el Premi Llibertat d'Expresió de la Unió de Periodistes por su “valiente e incansable lucha para denunciar la corrupción, una lucha que ha pagado cara”. Precisamente, como él mismo reconoce, fue en Galdácano, donde se estrenó como economista municipal entre 1987 y 1995, y done descubrió “la corrupción política y su amparo institucional”. Desde entonces, sus denuncias no han entendido de colores ni de siglas políticas (PNV, PSOE, PP...).
En 2009 el interventor llega a Crevillent, un Ayuntamiento “aparentemente tranquilo y ordenado”, donde permanece hasta 2014: “En ese tiempo realicé un centenar de informes de ilegalidades en casi todos los ámbitos: nóminas, subvenciones y contrataciones”. En 2012 realiza su primer informe de reparo de las facturas de la empresa Abornasa, responsable del tratamiento de residuos, por falta de contrato: “El Ayuntamiento no hizo nada y el alcalde (Asencio) me presionó para que no hiciera nada”. No obstante, Urruticoechea insistió en la ilegalidad de las facturas, “y fue la guerra, guerra total desde octubre de 2012”.
Entre las represalias que tuvo que padecer, Urruticoechea denuncia que fue difamado por el alcalde, que le fue retirado el seguro médico privado, “mi seguro médico, porque como funcionario no estaba en el régimen de la seguridad social, y pendiente como estaba de una operación”, fue aislado, “con escenas humillantes por parte de secuaces y provocando un clima laboral irrespirable”, e incluso el primer edil se negó a recibirle en su despacho y preparó un equipo de acusación contra el interventor con la ayuda de la secretaria, el tesorero y sus compañeros. En este escrito, Asencio acusa a Urruticoechea ante la Generalitat de 38 faltas “muy graves” solicitando su inhabilitación a perpetuidad.
Este expediente concluye con un informe que no detecta ninguna falta, “y aun así lo dejan prescribir”, lo que provoca que el PP llevara al pleno un segundo expediente disciplinario que es aprobado con los votos a favor de los populares “y las abstenciones cobardes de PSPV y Compromís que no se atreven a denunciar la conducta de acoso como castigo contra un funcionario”. Esta nueva denuncia, con Urruticoechea en Orihuela desde la primavera de 2014, se archiva también al no existir faltas: “Por supuesto, nadie pide perdón”.
Ahora, cuatro años después de que un concejal de Compromís (Manuel Penalba) -los dos concejales de Esquerra Unida entre 2011 y 2015 fueron los únicos que denunciaron al alcalde desde 1995 por algunos de los contratos de basuras o agua- denunciara las contrataciones irregulares en Deportes, llega el escrito de acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción. “Pasará un año hasta la apertura de juicio oral y, después, dos o tres más hasta tener una sentencia, que no se producirá hasta 2024 ó 2025, es decir, veinte años después de que saltara la alarma de las primeras irregularidades y siete u ocho años después de la denuncia”, se lamenta Urruticoechea, “un tiempo demasiado largo para una causa menor, con unos contratos menores concatenados y una adjudicación por una pequeña cuantía”.
Al mismo tiempo, explica que en la que de las contrataciones supuestamente irregulares registradas entre 2003 y 2019 sólo hay dos informes de ilegalidad, “los míos”: “En este período, el resto de funcionarios siempre informó a favor de los deseos ilegales y arbitrarios del alcalde, con una actuación cómplice generalizada de estas actuaciones delictivas”. “El alcalde me acusó entonces de inventarme la corrupción, que en todos los ayuntamientos por los que pasaba me inventaba corrupciones que solo estaban en mi cabeza de enfermo mental”, sostiene Urruticoechea.
El ya exinterventor recuerda que desde que Penalba (el concejal denunciante de Compromís) accedió a la alcaldía de Crevillent en 2019 “no se ha realizado ningún tipo de auditoría de todas las ilegalidades de las que informé en mi etapa como interventor, así como de las que denunciaron los concejales de Esquerra Unida”, y concluye sentenciando que los actuales contratos de agua y recogida de residuos son “absolutamente ilegales”, al tiempo que se pregunta: “¿Hasta cuándo?”.