El fiscal jefe de Castellón y una concejala socialista de Dénia, entre los vacunados ajenos a las listas autorizadas

La nómina de cargos públicos valencianos que se ha administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer saltándose el orden establecido por el Ministerio de Sanidad y las listas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sigue en aumento.

El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, se administró la dosis el pasado 11 de enero en el centro de salud 9 d'Octubre de la capital de la Plana. Este diario ha contactado con la Fiscalía de Castellón para tratar de recabar las explicaciones de Cuesta, sin haber obtenido respuesta.

Además, la concejala de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social por el PSPV-PSOE de Dénia, Cristina Morera, y su marido, hicieron lo propio el pasado 12 de enero en la residencia municipal Santa Lucía de la capital de la Marina Alta.

Morera ha reconocido a preguntas de este medio haber recibido la primera dosis. Sobre sus familiares vacunados, ha preferido no realizar declaraciones, aunque ha confirmado que fueron “personas cercanas”.

Según ha podido saber elDiario.es, la regidora, al menos con su marido, recibió la primera dosis en el centro de día anexo a la residencia pasadas las 19 horas. El motivo, sostienen estas fuentes y Morera, es que “sobraban dosis” después de administrar la vacuna a todos los profesionales del departamento.

“Todo estaba funcionando perfectamente hasta que el día de la vacunación, a las 19.30 horas me llama quien yo considero que es superior a mí, del departamento de Dénia de Salud Pública para decirme que han sobrado dosis y que necesitan utilizarse porque había orden de que no se desperdiciaran”, cuenta por teléfono.

En su versión, la concejala de Dénia, con voz afectada, asegura que primero pensó en que las personas beneficiarias de las vacunas sobrantes fueran “mayores y de alto riesgo”, pero tras consultarlo algunas le comentaron “que no se atreven porque tienen que consultarlo con su médico de cabecera”.

“Con tan poco tiempo, y presionándome todo el rato Salud Pública, sin pensarlo y sin actuar de mala fe, tiré de personas cercanas de mi confianza”, esgrime. En su explicación cree que ha fallado la concreción en el protocolo de vacunación. “Me hicieron responsable de una cosa que no es mía, no pretendí colarme y lo que pasó es que no había un protocolo establecido para las dosis sobrantes”, se defiende.

No dimite por el momento

Cristian Morera no tiene pensado, de momento, dimitir, como sí ha hecho la alcaldesa de Molina de Segura en cumplimiento de la petición de Ferraz a los cargos públicos socialistas que se hayan vacunado. Explica que primero va a hablar con los miembros del equipo de gobierno y del resto de la corporación para “saber su opinión”. También va a mantener un encuentro con la ejecutiva del partido para que conozcan sus explicaciones: “Estaré a lo que ellos dispongan”.

Preguntada por qué ha guardado silencio durante estos días y solo ha reconocido los hechos cuando se ha enterado elDiario.es responde: “Hemos tenido tanto trabajo que atender, sobre todo en servicios sociales, que no pensé en reconocer lo que pasó”.

Tanto Cuesta como Morera se suman a los siete responsables públicos valencianos que se han 'colado' en el proceso de vacunación: los alcaldes socialistas de Rafelbunyol, Fran López, El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, además del alcalde del PP de La Nucía, Bernabé Cano, el edil popular de Orihuela, José Galiano, y Juan Baustista Roselló, diputado provincial de Alicante también del PP encargado del centro de salud mental de la corporación. El alcalde del PP de Villahermosa del Río, Luis Rubio, ha sido el último caso en saltar a la luz pública.

Como informó elDiario.es, la Conselleria de Sanidad ha detectado 150 casos de personas vacunadas ajenas a las listas autorizadas del total de 103.826 dosis administradas hasta la fecha.

Fuentes de Sanidad informaron de que los técnicos están analizando en estos momentos caso por caso las causas de estas vacunaciones: “No significa que los 150 casos sean irregulares, son personas que no estaban en las listas iniciales, pero que pueden ser igualmente sanitarios o personas de riesgo, o del grupo dos, a los que se les han puesto vacunas sobrantes si alguien incluido en los listados se ha negado a ponérsela”.

Hasta la fecha, un total de 1.943 personas han rechazo ponerse la vacuna, es decir, un 1,9% sobre el total de dosis administradas.

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ya manifestó su oposición a que se les pusiera la segunda dosis a todos los que se hayan saltado la lista, aunque recientemente matizó que en todo caso la decisión final se adoptará según criterios sanitarios.