La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal y diligencias preprocesales contencioso administrativas tras haber tenido conocimiento del “alarmante descenso de los niveles de agua del lago en el Parque Natural de la Albufera, a causa de la Junta de Desagüe.
Según ha informado este miércoles el ministerio, por la sección de lo contencioso administrativo se ha dirigido requerimiento a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, interesando que proceda a la ejecución forzosa de la resolución por la que se fijan medidas relativas al manejo y gestión de las compuertas del lago de la Albufera.
“Dada la gravedad del daño al equilibrio y sostenibilidad medioambiental del lago de la Albufera, así como la persistencia y reiteración en los hechos por los que hubo de tramitarse con anterioridad y a instancia del ministerio fiscal, un expediente administrativo de responsabilidad medioambiental, cuya resolución también se incumple se ha propuesto a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Generalitat la adopción de los siguientes medios de diferentes medios ejecución forzosa”.
Entre ellas, se ha propuesto la imposición de multas coercitivas a la Junta de Desagüe.
Además, en caso de persistencia en el incumplimiento de la resolución, y a fin de poner fin de forma efectiva y definitiva a la situación de daño medioambiental al lago de la Albufera, la Fiscalía recomienda que se proceda a la Ejecución subsidiaria, sustituyendo la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por sí o a través quien designe, a la Junta de Desagüe en la gestión del manejo de las compuertas y el bombeo de desagüe del lago.
Así mismo la sección de lo contencioso administrativo de la Fiscalía Provincial ha remitido testimonio a la sección penal de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha incoado diligencias de investigación penal para valorar la existencia de posibles responsabilidades penales.
Para ello se han recabado informes de la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental, a la Oficina Técnica del Parque Natural de la Albufera, al Ayuntamiento de València, al Ecotoxicólogo Forense del Instituto de Medicina Legal y al Seprona.